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Ciudadanía Ambiental y escalamiento de la agroecología en la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, Colombia
Franco Alirio Vallejo Cabrera1
Recibido: 18 febrero 2020 Aceptado: 22 junio 2021
DOI: 10.17151/luaz.2021.52.7
Resumen
El ejercicio de ciudadanía ambiental para la defensa, cuidado y protección de la vida es cada vez más importante para los pueblos y comunidades latinoamericanas. En este artículo de investigación se presenta el ejercicio de ciudadanía ambiental basado en prácticas agroecológicas para la defensa de la vida en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca. Metodológicamente, se analizaron ocho impulsores para la promoción y escalamiento territorial de la agroecología, a saber, (1) crisis que promueven la búsqueda de alternativas; (2) organizaciones sociales; (3) prácticas agroecológicas efectivas; (4) procesos de enseñanza-aprendizaje constructivista; (5) discurso movilizador; (6) alianzas externas; (7) mercados favorables; (8) oportunidades políticas favorables. Se encontró que el ejercicio de ciudadanía ambiental basado en prácticas agroecológicas para la defensa de la vida ha logrado un escalamiento positivo de la agroecología en el que aún deben mejorarse acceso a mercados y oportunidades políticas. En cuanto a estos dos impulsores, los agricultores se enfrentan a la violencia concentrada y organizada del Estado y los organismos multilaterales. Se concluye que la ciudadanía ambiental basada en prácticas agroecológicas permite cultivar la biodiversidad, preservar el agua y conservar los suelos; mantener la soberanía alimentaria y la organización política de la comunidad para enfrentar el sistema agroalimentario mundial.
Palabras clave: Recursos naturales, dimensiones económicas y sociales, diversidad étnica y cultural, territorio.
Environmental citizenship and scaling of agroecology in the San Isidro Peasant Reservation Zone, Pradera, Valle del Cauca, Colombia
Abstract
The exercise of environmental citizenship for the defense, care and protection of life is increasingly important for Latin American peoples and communities. This research article presents the exercise of environmental citizenship based on agroecological practices for the defense of life in the Peasant Reservation Zone (PRZ) of San Isidro, Pradera, Valle del Cauca. Methodologically, eight drivers for the promotion and territorial scaling of agroecology were analyzed namely: (1) crises that promote the search for alternatives; (2) social organizations; (3) effective agroecological practices; (4) constructivist teaching-learning processes; (5) mobilizing discourse; (6) external alliances; (7) favorable markets; (8) favorable political opportunities. It was found that the exercise of environmental citizenship based on agroecological practices for the defense of life has achieved a positive scaling up of agroecology in which access to markets and political opportunities still need to be improved. Regarding these two drivers, farmers face concentrated and organized violence from the State and multilateral agencies. It is concluded that environmental citizenship based on agroecological practices allows cultivating biodiversity, preserving water and conserving soils and maintaining food sovereignty and the political organization of the community to confront the global agri-food system.
Keywords: Natural resources, economic and social dimensions, ethnic and cultural diversity, territory
Introducción
En Colombia, los sistemas de producción campesinos son definitivos para la producción de alimentos, en el cuidado del suelo, del agua, de la biodiversidad y en la consolidación soberanía alimentaria. Estos sistemas son cada vez más desplazados a tierras poco productivas debido a procesos de modernización que impulsan las corporaciones multinacionales y el Estado (Mielgo, 2000).
Las comunidades campesinas defienden la vida y el territorio mediante la adopción de valores, técnicas y prácticas diferentes a las del sistema agroalimentario hegemónico mundial, el cual, por su parte, busca acelerar los procesos productivos reduciendo el empleo de mano de obra y generando externalidades negativas que aceleran la crisis ecológica y social (La Vía Campesina, 2015).
Los sistemas campesinos y el conocimiento tradicional campesino tienen propósitos distintos al de la agricultura industrializada (Mielgo, 2000; Rosset & Altieri, 2016), que permite, entre otros aspectos, adaptarse y utilizar las posibilidades que ofrece la misma expansión del capitalismo. La sustentabilidad de los sistemas campesinos está relacionada con el aprendizaje que hace el campesinado de su contexto social y del conocimiento que tiene de los procesos biológicos locales (Reijntjes, 2009; Gliessman, 2002; Guzmán & Morales, 2011).
Las economías campesinas y las agriculturas milenarias han desarrollado estrategias de mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad (Sourisseau, 2017). Los sistemas productivos familiares forman paisajes exuberantes en los cuales se hace una activa promoción de la soberanía alimentaria y energética mediante el mantenimiento de la diversidad biológica y genética, la retención de agua por el suelo y la recarga de acuíferos, la polinización y una serie de posibilidades de generación de ingresos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2016).
En contraste con los sistemas campesinos, el Estado y los organismos multilaterales buscan la mercantilización de la tierra, el acaparamiento de las aguas continentales y marítimas, la privatización de las semillas, la protección de los inversionistas y sus inversiones, la economía verde y REDD (reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo) y REDD+ (conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono), las grandes plantaciones, la agroindustria a gran escala, los desalojos forzosos y la pérdida de la soberanía de los territorios.
Los sistemas campesinos en San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, Colombia, están amenazados por problemas asociados a la dependencia de insumos externos, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el desempleo, el cambio climático, la migración de la población joven a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida y los desplazamientos debidos a los escollos del conflicto político, social y armado (Giraldo et al., 2018). En la búsqueda de soluciones a estos problemas, los campesinos de San Isidro han venido promoviendo desde el año 2000 procesos de construcción de ciudadanía ambiental que adoptan prácticas agroecológicas para la defensa de la vida, que no son sólo de producción agropecuaria para sostener la biodiversidad, cultivar el agua y cuidar los suelos en sus fincas y con ello mantener la soberanía alimentaria de sus familias, sino también de organización política en torno de la figura reconocida legalmente como Zona de Reserva Campesina en la Ley 1670 de 1994. La implementación de esta ley se ha logrado gracias a la presión de la movilización permanente de las organizaciones campesinas en Colombia (Piscal, 2019).
La agroecología permite la configuración de entramados que se asemejan a la naturaleza donde sistemas biodiversos, a través de diferentes componentes del suelo, de las plantas y de los animales, son capaces de auto-subsidiar su funcionamiento (Fuentes et al., 2008; Gómez et al., 2015; Nicholls & Altieri, 2018). El sistema alimentario mundial actúa en la dirección contraria, llevando a una simplificación muy extrema de la naturaleza (Altieri & Nicholls, 2020a; Altieri & Nicholls, 2020b; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019; Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales IDEAM & Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, 2015). Según Giménez Cacho et al. (2018) es esencial entender dónde y cómo la agroecología permite superar los obstáculos que le impone el sistema agroalimentario mundial. En este artículo se evalúa el estado del escalamiento de la agroecología como expresión del ejercicio de ciudadanía ambiental en la ZRC de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca. Con este trabajo se contribuye a la visibilización de las experiencias comunitarias de defensa de la vida y de los territorios.
Materiales y métodos
El presente estudio de evaluación del estado de escalamiento de la agroecología se realizó en la ZRC de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, en 14 agroecosistemas tradicionales de familias campesinas, con posición geográfica (central) X: 1099161,92533 m y Y: 867378,93744 m (bajo el sistema de referencia de coordenada Magna Sirgas Colombia-Oeste) y con altitudes que varían de 1300 a 2000 msnm. La ZRC de San Isidro cuenta con una extensión de 220 ha, la componen 60 familias con una población de 220 personas (Figura 1), pertenece al municipio de Pradera, localizado en el Valle del Cauca, Colombia. El corregimiento de San Isidro, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 2004 (Municipio de Pradera, 2004) se encuentra ubicado en la zona 2 del municipio, que corresponde al piso térmico medio perteneciente al cinturón cafetero, considerada como área de regulación hídrica.
El trabajo de investigación se realizó entre los meses de enero de 2018 y octubre de 2018. Para la toma de datos se hicieron reuniones con la comunidad, entrevistas semiestructuradas con los agricultores de 14 fincas pertenecientes a la Asociación Agropecuaria El Porvenir (Agropor), organización que impulsó la constitución de la ZRC y lidera su funcionamiento. También se realizaron visitas a los predios para verificación en campo. Para el análisis de información se tomaron en consideración los ocho impulsores agroecológicos de Giménez Cacho et al. (2018) utilizando estadística descriptiva para la comparación de los resultados mediante un gráfico de ameba. Haga clic sobre la imagen para ampliarla Figura 1. Localización del área de estudio Fuente: Giraldo-Díaz (2020).
Se analizaron los ocho impulsores de la agroecología propuestos por Giménez Cacho et al. (2018), los cuales pueden actuar juntos o solos para la promoción y escalamiento territorial de la agroecología. Se establecieron escalas de valoración a partir de las características de cada impulsor, donde 1 es la valoración más baja y 5 la más alta (Tabla 1).
Tabla 1. Escala de valoración de impulsores agroecológicos Fuente: elaboración propia a partir de Giménez Cacho et al. (2018).
Resultados y discusión
La adopción de prácticas agroecológicas expresa el ejercicio de ciudadanía ambiental de la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca. Por ello, evaluar el estado del escalamiento de la agroecología permite comprender el ejercicio de ciudadanía ambiental que se lleva a cabo.
El Impulsor 1, denominado crisis que fomentan la búsqueda de alternativas, que sugiere que la crisis es el detonante de los procesos de transformación de la realidad y superación del modelo agroindustrial de producción de alimentos, obtuvo una valoración de cinco (5).
En el corregimiento de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, se detonó el proceso de búsqueda de alternativas al cerco impuesto a los campesinos por parte del sistema agroalimentario mundial. Esta comunidad, como muchas otras en Colombia, se enfrentan a una crisis estructural que afecta a las comunidades rurales. Según OXFAM (2017) la concentración de la propiedad rural se ha agravado en las últimas décadas (Figura 2). Figura 2. Evolución de la superficie en UPAs de más de 500 hectáreas (en rojo) Fuente: OXFAM (2017).
La acelerada tendencia a la concentración se ha hecho a expensas del desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medianas (Ruiz Ruiz et al., 2018; Vega, 2015). La superficie que ocupan las explotaciones de más de 500 ha se ha ampliado de modo alarmante, pasando de 5 millones en 1970 (29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (68%) (OXFAM, 2017).
En Colombia, la tierra está altamente concentrada (Peña Huertas & Zuleta Ríos, 2018). Si esto continúa ocurriendo, se seguirán agudizando los problemas energéticos, alimentarios, de pobreza, ambientales, sociales y democráticos. Los pocos que concentran la tierra tienen fines comerciales que involucran no sólo el agronegocio, sino la promoción del extractivismo y megaproyectos minero energéticos (Cabrera et al., 2020). Las comunidades rurales son las más afectadas con la concentración de la tierra, con la promoción del agronegocio.
Frente a estas prácticas que van en contra de la vida, las comunidades campesinas generan estrategias de resistencia, de acción y praxis en los territorios, que tienen como fin la defensa de la vida (Tzul, 2015). La agroecología, como expresión de ciudadanía ambiental, es un elemento clave en la construcción de la soberanía alimentaria que permite la acción popular y la construcción de alternativas democráticas al desarrollo, con incidencia política local, nacional e internacional (La Vía Campesina, 2015).
La adopción de los Objetivos del Desarrollo (ODS) en Colombia, son el reconocimiento de la actual crisis alimentaria, climática, de pobreza, financiera, económica y democrática que afecta a las comunidades rurales del país y que justifican un cambio del sistema agroalimentario actual, incapaz de generar alimentos suficientes para los seres humanos (Cabrera et al., 2020; La Vía Campesina, 2017).
Las soluciones reales a la crisis humanitaria y a las crisis climática, alimentaria, de pobreza, financiera, económica y democrática, no pueden partir del modelo industrial que las genera. Es preciso transformar y construir sistemas alimentarios basados en la agroecología, que se basa en principios como la vida en el suelo, el reciclado de nutrientes, la gestión dinámica de la biodiversidad y la conservación de la energía en todas sus escalas (La Vía Campesina, 2015).
Las soluciones reales a la crisis se hallan en las comunidades campesinas que defienden y cuidan la vida. El concepto de ciudadanía ambiental, utilizado cada vez más en la última parte del siglo XX e inicios del XXI (Grubba et al., 2017), al igual que las reclamaciones de los pueblos latinoamericanos de sus derechos colectivos reconocidos nacional e internacionalmente, tienen conexiones que se articulan en torno a la defensa de la vida (Cao, 2015). Los reclamos de indígenas, campesinos y afrocolombianos, de sus derechos colectivos, de la agroecología como propuesta productiva y de construcción de la soberanía alimentaria, pueden considerarse como afirmaciones de ciudadanía ambiental (Sánchez & Montes, 2018).
El Impulsor 2, organización social y proceso social intencional, indica que se requiere de la organización de los agricultores, de la constitución de tejido social que permita construir procesos sociales colectivos que sustenten las conversiones agroecológicas. Este impulsor obtuvo una valoración de cuatro (4).
Se encontró que el ejercicio de ciudadanía ambiental se da en distintos niveles organizativos. A nivel institucional, hacen parte de la Junta de Acción Comunal. A nivel comunitario, se han organizado a través de la Asociación Agropecuaria El Porvenir (Agropor), como ente organizativo que representa los intereses de la comunidad del corregimiento de San Isidro. Agropor propende por concertar con los propietarios de predios aledaños a la ZRC programas de reconversión tecnológica que tiendan a establecer: Sistemas agroforestales (SAF), Sistemas de producción agrosilvopastoriles y agroecológicos y guardia campesina. Los agricultores que conforman Agropor pertenecen también a la Asociación de Trabajadores Agrícolas del Valle del Cauca (Astracava) y son promotores de la creación de la ZRC en Pradera, Valle del Cauca. La pertenencia a estas organizaciones y su participación activa en los comités relacionados con lo ambiental, lo económico, lo productivo, lo político, muestran un proceso organizativo y de constitución de tejido social.
Como lo reporta Rodríguez (2010), la figura de ZRC es una iniciativa de ciudadanía ambiental ejercida por la comunidad del corregimiento de San Isidro, que entiende que desde el gobierno local y las instituciones (como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC), no es posible el reconocimiento de su autonomía y la solución de sus problemáticas sociales, políticas, culturales y ambientales. La conformación de una ZRC tiene como punto de partida la autonomía comunitaria y su decisión de proteger y cuidar una zona de nacimientos de agua afluentes de la microcuenca Quebrada Sansipuedes, principal fuente de agua de la comunidad.
La comunidad de San Isidro entiende que la defensa de la vida en sus territorios depende de su fortalecimiento organizativo y que, del Estado, del gobierno y de las demás instituciones que regulan a favor de los intereses del capital corporativo, no pueden obtener soluciones a sus problemáticas. Es a través de su ejercicio de ciudadanía ambiental, como expresión de su soberanía, autonomía y trabajo organizativo como pueden solucionarlas y gestionar con el Estado, el gobierno local y con instancias como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, apoyos efectivos en coherencia con sus intereses.
Esta construcción colectiva para la defensa del territorio, como sostiene Giraldo (2018) implica re-significar y valorar el territorio por fuera de los marcos de la apropiación capitalista. En la propuesta planteada por la comunidad de San Isidro, Rodríguez (2010) resalta que la comunidad organizada planifica, administra y usa el territorio, de acuerdo a criterios establecidos en una normatividad popular, construida por la misma comunidad, lo que conlleva a generar mayores niveles de identidad y compromiso con el territorio en conservación. La ZRC surgió con el objetivo principal de proteger los nacimientos de agua de la microcuenca Sansipuedes, la conservación de la biodiversidad, el afianzamiento de los conocimientos de las comunidades asociados a ésta y la recuperación del suelo erosionado. La ZRC es vista como un patrimonio natural de las comunidades campesinas que habitan San Isidro y otros corregimientos aledaños que resisten al proceso estatal de mercantilización de la vida y a la apropiación privada de los elementos y funciones ecológicas de la naturaleza (Falla & Castrillón, 2018).
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava, 2016), a la cual pertenecen los campesinos del corregimiento San Isidro, con relación al Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Gobierno de Colombia y el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Pradera, declara, entre otros aspectos, que:
1. El campesinado se respeta. Esto lo expresan las comunidades campesinas con relación al incumplimiento por parte del Estado de respetar los derechos fundamentales de la población campesina en Colombia, hacer una reforma rural integral, restituir las tierras a las familias campesinas que durante la violencia fueron despojadas de sus territorios, promover asistencia técnica y financiar proyectos productivos (Ángel et al., 2019).
2. Las víctimas tienen memoria. Las comunidades rurales vallecaucanas resaltan que han sido víctimas del conflicto político, social y armado en Colombia y que el Estado ha sido el principal agente violador de los derechos fundamentales de la población campesina.
3. Sin participación no hay paz. Las comunidades rurales del Valle del Cauca reclaman que la firma del Acuerdo de Paz no ha implicado, por parte del Estado, la disminución de la violencia contra los líderes y las propuestas y apuestas democráticas. Se sigue asesinando al campesinado vallecaucano, generando una descampesinización de la región. El campesinado vallecaucano tiene entre sus propósitos lograr el su reconocimiento como sujeto de derechos políticos.
4. Instalación de una mesa de concertación campesina con la Gobernación del Valle, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, entre otras instituciones, que tienen que ver con el campo, para construir propuestas que deriven en solución de los problemas asociados a la injusta estructura de la propiedad de la tierra, inversión en proyectos productivos, de comercialización, de infraestructura, de desarrollo territorial, de conservación del medio ambiente, de fomento a la asociatividad y el cooperativismo pero, sobre todo, permitir la democracia en el campo.
5. El logro por la paz con justicia social. En este punto, las comunidades rurales vallecaucanas denuncian que los actores institucionales no buscan la paz y que son las organizaciones campesinas y su histórica lucha por un construir un verdadero pacto por la tierra las que trabajan constantemente por la paz con justicia social.
El Impulsor 3, prácticas agroecológicas simples y efectivas, tiene tres niveles. En los niveles 1 y 2 se trata de reducir los insumos industriales y sustituir prácticas convencionales con prácticas agroecológicas, mientras que en el nivel 3 se integran diversos elementos del agroecosistema. Este impulsor obtuvo una calificación de cinco (5).
La ciudadanía ambiental que ejercen los agricultores de la ZRC se expresa en la adopción de prácticas agroecológicas que permiten la integración de diversos elementos de sus agroecosistemas. Las prácticas comprenden diseños que favorecen el cuidado del suelo, del agua y de la biodiversidad. El impulsor 3 tiene un alto grado de desarrollo. López (2005) reporta la adopción de la estrategia agroecológica para la protección y cuidado del río Sansipuedes. Así mismo, Salcedo (2014) halla que las apuestas por la defensa del territorio tienen sustento agroecológico. Giraldo et al. (2018) encuentran que los agricultores de San Isidro subsisten en medio del predominio de una agricultura industrializada, que se impone por encima de los conocimientos locales debido a su insistencia en defender la vida y su territorio. Esto coincide con los análisis de Giraldo y Nieto (2017).
El Impulsor 4, proceso enseñanza-aprendizaje constructivista, es el reconocimiento de los saberes comunitarios, su diálogo con otros saberes, incluido el científico –hegemónico del mundo occidental. Este impulsor obtuvo una calificación de cuatro (4). El extensionismo es superado por procesos de enseñanza y de aprendizaje que también incluyen lo afectivo, lo espiritual, lo ideológico y lo emocional, que estimulan la creatividad.
En su ejercicio de ciudadanía ambiental para la defensa de la vida, del territorio y de la cultura, los agricultores se han vinculado con otras expresiones sociales. Hacer parte de la Astracava les ha permitido a las familias campesinas de San Isidro, Pradera, acceder a espacios de formación donde se revaloriza el uso de prácticas y técnicas agroecológicas de producción (Salcedo, 2014). Así mismo, a través de Astracava se promueve la formación y práctica de la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, encuentros de saberes y sabores campesinos, protección y difusión de los derechos humanos de la población campesina, trabajos de formación con niños y jóvenes, la capacitación, promoción y práctica de la paz con justicia social. En el escalamiento de la agroecología en San Isidro, Pradera, es importante considerar que para Astracava, es importante el proceso de cualificación de niños y jóvenes campesinos en la Agroecología.
El Impulsor 5, discurso movilizador, tiene que ver con la identificación del sistema agroalimentario hegemónico como problema común. Este impulsor obtuvo una valoración de cinco (5). La ciudadanía ambiental ejercida por parte de los agricultores de la ZRC en San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, identifican al sistema agroalimentario como el problema común de los pueblos del mundo.
Los agricultores reconocen que el capitalismo debe ser abolido con el fin de permitir el afianzamiento y renacimiento de las culturas campesinas por todo el Planeta. En sus discursos existe una clara identificación de la ola de violencia y descampesinización acaecida luego de 1948; el conflicto político, social y armado; y el agronegocio a nivel mundial. Esto coincide con los estudios de Ángel et al. (2019) quienes señalan que, en Colombia, la descampesinización está relacionada con la promoción del desarrollo, del progreso y del crecimiento económico.
El corregimiento de San Isidro tiene en su génesis tres factores que coinciden y le dan forma a sus modernas maneras de habitar el territorio. En primer lugar, una fuerte influencia ancestral, marcada por los intercambios que se daban milenariamente entre las comunidades del Pacífico, del valle geográfico del río Cauca y de la valle del río Magdalena (Rodríguez & Blanco, 2008) y la presencia de comunidades indígenas (Salcedo, 2014). En segundo lugar, una fuerte migración de población campesina e indígena proveniente de departamentos como Tolima, Caldas y municipios del Norte del Valle, quienes en los años cuarenta huyeron de la violencia bipartidista y colonizaron territorios boscosos en zonas de montaña, ampliando de esta manera la frontera agrícola (Salcedo, 2014). Y, en tercer lugar, la necesidad de defender, cuidar y cultivar la vida frente a un modelo hegemónico de sociedad en el que lo campesino no tiene cabida.
El hijo de uno de los campesinos que llega a San Isidro huyendo de la violencia y que contribuye a constituir lo que es actualmente el corregimiento, José Sanín Lozada de 72 años, cuenta que nació en Herrera, Tolima, y que llegó al corregimiento de San Isidro, Pradera, a la edad de 6 años. Sus padres eran oriundos de Ortega, Tolima. Antes de ser desplazados por la violencia bipartidista en el año de 1953, vivían en el Centro Poblado de Herrera, Tolima; límites con el departamento del Valle del Cauca.
Respecto a este período histórico de violencia bipartidista en Colombia, José Sanín cuenta que:
El periodo de la violencia fue por las diferencias políticas entre Liberales y Conservadores. A los Conservadores les decían Pájaros y contaban con un grupo de la policía, Los Chulavitas, que sacó el gobierno de esa época para perseguir Liberales. A los Liberales les decían Cachiporros. (Comunicación personal, 2019).
Según José Sanín, su padre era Liberal y en el año de 1953 entraron a Herrera los conservadores a perseguir liberales por toda la Cordillera Central,
Ingresaron 6 hombres conservadores del Dovio, Valle y fueron a matar liberales al Tolima. Fue por eso, que los campesinos en el Tolima empezaron a armarse y asociarse por culpa de la violencia. Por esa época que los Liberales tenían dos caminos, o resistir la violencia de los Conservadores con confrontación armada en el Tolima o desplazarse a otros territorios, colonizar y poner a salvo sus familias. En el periodo de la Violencia nos tocó salir volados; a mi papa le toco dejar todo tirado allá. Cuando nos desplazaron por la violencia política a mi papá solo lo dejaron sacar 15 reses de ganado y las vendió en Bolo azul”. (…) “Mi papá era Liberal y pidió 15 días para tomar una decisión y en ese tiempo él cogió las 15 reses y nos vinimos pa’ acá, para el Valle. Nos vinimos de noche y nos atravesamos el Páramo de Las Hermosas. Llegamos primero a Bolo Azul. En la travesía por el Páramo no éramos los únicos; había muchas más familias y antes de nosotros llegar, ya había gente de Herrera en Pradera, que le había tocado desplazarse por culpa de la Violencia de esa época. Normalmente uno atraviesa la cordillera de Tolima para el Valle en un solo día; pero como veníamos cargados y con las reses nos tomó 3 días llegar al Valle por el camino del Páramo. En ese entonces éramos mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo. (Comunicación personal, 2019)
Antes del periodo de la Violencia, los caminos de herradura que conectaban los departamentos del Valle del Cauca con Tolima eran transitados por habitantes, campesinos, viajeros y comerciantes. Los caminos de herradura que atraviesan la cordillera Central entre los límites de los departamentos de Tolima y Valle del Cauca existen desde antes de la época de la colonización española y eran utilizados por indígenas primero y luego campesinos para transportar los productos agrícolas de un departamento al otro (Rodríguez & Blanco, 2008).
José Sanín comenta que, al llegar su padre a Bolo Azul, zona montañosa del municipio de Pradera,
(…) mi papá trabajó siete semanas en una finca, donde fue alojado con su familia. Sin embargo, no le pagaron nada por las faenas de sol a sol que trabajaba. Lo único que recuerdo era que ese señor una vez, le dio un racimo de plátanos a mi padre para que comiéramos los cinco de la familia, que éramos en ese entonces. Mi papá vendió las 15 reses en 1200 pesos, en el año de 1953, que en ese entonces no era nada y con esos 1200 pesos compró la plaza de tierra en el predio La Cuchilla. Mi papá era demasiado trabajador. Por eso, nos tocó trabajar mucho con mis diez hermanos esta tierra, para poder vivir aquí y quedarnos aquí. Mi papa nos hizo trabajar mucho. (Comunicación personal, 2019)
José Sanín relata que,
(…) cuando llegamos acá nos dieron posada en Bolo Azul; nuestra casa paterna está en la punta la Cuchilla, en ese predio se encuentra la casa que mi padre construyó con sus manos. Actualmente, el predio pertenece a los 11 hermanos y está dividido por herencia entre los once hermanos. La cuchilla son 32 hectáreas aproximadamente, no toda el área es cultivable, porque hay zonas muy inclinadas y es necesario proteger los nacimientos de agua; áreas de bosque nativo y árboles de aserrío que no se pueden talar. Sin embargo, hay zonas de cultivo de café, yuca y plátano y pastos. (Comunicación personal, 2019)
La narración de José Sanín Lozada de 72 años confirma que la zona montañosa del municipio de Pradera fue zona de colonización de los campesinos que huían de la violencia política del otro lado de la cordillera Central, en el Departamento del Tolima. La violencia en Colombia comprende el periodo de 1948- 1957 y consistió en la violencia pública generada por las diferencias políticas entre Liberales y Conservadores.
Losada (2019) afirma que actualmente la ZRC es una forma de defensa de los derechos de las familias campesinas. Esta defensa es a la vez defensa del territorio, de la vida, de la cultura, de la producción agroecológica y campesina, frente a un modelo que proviene del Estado y las empresas que busca apoderarse de la tierra y explotar a las comunidades rurales.
El Impulsor 6, aliados externos, reconoce el papel que desempeñan aliados procedentes de distintos ámbitos: el gobierno, los medios de comunicación, el mundo académico, los partidos políticos, las instituciones religiosas y las ONG. Los aliados incluyen instituciones y, más comúnmente, funcionarios amigos dentro de instituciones que normalmente no apoyan la agroecología, pero que gracias a su labor contribuyen a reorientar recursos públicos. Este impulsor obtuvo una calificación de cinco (5).
El ejercicio de la ciudadanía ambiental de los agricultores ha permitido su participación e interacción con aliados externos, especialmente comunitarios. Su promoción del territorio como ZRC coincide con otros procesos de construcción de ciudadanía ambiental en América Latina, en los que la configuración y los logros del movimiento social en defensa de la naturaleza vienen posicionando en los discursos institucionales temáticas, normas y legislaciones donde la naturaleza es vista como sujeto de derechos. Los movimientos sociales vienen trabajando no sólo en lo jurídico sino en la expresión misma de la vida en los territorios, posicionando discursos no depredadores, no hegemónicos frente a la naturaleza.
Salcedo (2014) hace un análisis de las interacciones de la comunidad de San Isidro con organizaciones sociales a nivel municipal, departamental, nacional e internacional y caracteriza el entorno sociopolítico e institucional que enmarca el surgimiento de la organización campesina y la articulación con procesos organizativos nacionales e internacionales. En primer lugar, resalta que la Constitución Política de 1991 genera el marco institucional para la descampesinización del país, entre otras razones, debido a que en su elaboración no se tuvieron en cuenta las demandas históricas del campesinado vallecaucano y se privilegiaron los marcos de regulación para la protección de los inversionistas y sus inversiones (Dávalos, 2011).
Frente al drama humanitario del país, habida cuenta de los procesos de descampesinización, las comunidades campesinas apuestan por fortalecer sus procesos organizativos, solidarios y comunales, formulando agendas y plataformas para defender el territorio, cuidar la vida y proteger la cultura. Es así como en el año 2003 crean Agropor, con la finalidad de aplicar a convocatorias de estímulos financieros de origen público, privado y de cooperación internacional.
En noviembre del 2004, en el marco del I Encuentro de Organizaciones Campesinas del Suroccidente Colombiano, en el departamento del Valle del Cauca, se conformó la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC), espacio organizativo y unitario de los trabajadores del campo. Los ejes de trabajo de la CCVC son:
• Derechos Humanos • Educación • Mujer Campesina Y Familia • Político-Organizativo • Producción y Soberanía Alimentaria • Territorio y Medio Ambiente
Desde su creación, la CCVC se articuló al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), el cual permite la coordinación con los procesos organizacionales de base en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En 2007 se realizó la asamblea general constitutiva de Astracava con la aprobación de unos estatutos compuestos por 14 capítulos y 62 artículos. La asociación es una organización sindical del campesinado vallecaucano, la cual desde su fundación hace parte de la CCVC. Astracava tiene más de mil afiliados campesinos de los municipios de Florida, Pradera, Ginebra, Guacarí, Buga, San Pedro, Tuluá, Sevilla y Caicedonia, ubicados en la vertiente occidental de la cordillera central del departamento del Valle del Cauca.
Dentro del escalamiento agroecológico, Astracava es una plataforma importante dado que contempla como actividades estratégicas conservar la soberanía alimentaria, conservar y proteger cuidado de la naturaleza, promover procesos de educación ambiental y capacitación en producción y comercialización desde un enfoque de economía solidaria y campesina, basándose en la agroecología. Además, promueve el reconocimiento de los derechos de la mujer y la equidad de género, organización campesina, planificación comunitaria y educación en Derechos Humanos (Salcedo, 2014).
La comunidad de San Isidro tiene también relación con organizaciones no campesinas, como el Equipo Profesional de CORSSA, que apoya la gestión e interlocución con las instituciones estatales, como las Alcaldías Municipales, la Gobernación del Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y con Organizaciones No Gubernamentales como la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, el Proceso Campesino y Popular de La Vega Cauca, la Fundación ECOSUR, La Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP), entre otras organizaciones (Salcedo, 2014).
El Impulsor 7, construcción de mercados favorables a la agroecología, considera que el desarrollo de redes alimentarias alternativas (RAA), pese a no ser una condición necesaria para la adopción y adaptación generalizada de prácticas agroecológicas por parte de los agricultores, es una arena sociopolítica estratégica para escalar la agroecología. Este impulsor obtuvo una valoración de tres (3). El ejercicio de ciudadanía ambiental de los agricultores contempla la promoción de redes alimentarias alternativas. Los agricultores han logrado generar espacios de comercialización de sus productos dentro de su territorio, convocando a otras organizaciones tanto campesinas como de otro tipo a mercados agroecológicos locales. Así mismo, su producción de café la comercializan a través de Café Soberano, que es un esfuerzo Astracava. A pesar de ello, la comunidad no cuenta con mercados favorables locales en los que puedan obtener un precio justo por sus productos.
El Impulsor 8, políticas favorables y oportunidades políticas, incluye la reformulación y el retroceso de las políticas que apoyan la reproducción del modelo agroindustrial y, en su lugar, el apoyo a vías sustentadas en los principios agroecológicos. Este impulsor obtuvo una valoración de dos (2).
En Colombia el Estado apoya de manera decidida la descampesinización del país (Giraldo-Díaz et al., 2018). Sin embargo, las comunidades rurales han logrado posicionar en las agendas institucionales temáticas relacionadas con el respeto por los derechos humanos, el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y el respeto por la agricultura campesina, familiar y comunitaria (La Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura establece lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria -ACFC-).
A nivel institucional hay un reconocimiento de los problemas sociales que generan las políticas de descampesinización del país. Ocampo (2014), en el marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano plantea los siguientes:
• Alta concentración e informalidad de la propiedad. • Persistencia de un conflicto en el uso de la tierra. • El uso del suelo no corresponde en muchas ocasiones con su vocación. • Baja protección y regulación de los recursos naturales.
El ejercicio de ciudadanía ambiental, desarrollado por los agricultores de la ZRC de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, ha logrado un escalamiento positivo de la agroecología. Los impulsores (1) crisis que promueven la búsqueda de alternativas; (3) prácticas agroecológicas efectivas; (5) discurso movilizador; y (6) alianzas externas, están muy consolidados (Figura 3).
Figura 3. Evaluación de impulsores en la ZRC de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca Fuente: elaboración propia.
Los impulsores (2) organizaciones sociales y; (4) procesos de enseñanza-aprendizaje constructivista también tienen desarrollos importantes. En cambio, los impulsores (7) mercados y (8) oportunidades políticas están incipientes. En cuanto a estos dos últimos impulsores es importante resaltar que se enfrentan a la violencia concentrada y organizada del Estado y los organismos multilaterales.
Conclusiones
Los ocho impulsores adoptados para evaluar el estado de escalamiento de la agroecología como expresión del ejercicio de ciudadanía ambiental basada en prácticas agroecológicas de la ZRC de San Isidro mostraron que se requiere desarrollar un trabajo de fortalecimiento en acceso a mercados y mejoramiento de oportunidades políticas.
Los agricultores de la ZRC de San Isidro ejercen una ciudadanía ambiental basada en principios y prácticas agroecológicas para la defensa, cuidado y protección de la vida en el territorio, que permiten el cuidado del agua, la protección de la biodiversidad, el respeto de los derechos humanos y la consolidación de la paz territorial.
Recomendaciones
Para mejorar el acceso a mercados y las opciones de afianzamiento de políticas que faciliten el escalamiento de la agroecología, se recomienda explorar las articulaciones de las formas de vida y resistencia al sistema agroalimentario mundial de los agricultores que ejercen una ciudadanía ambiental en la ZRC de San Isidro, con las expresiones del movimiento social, como las resistencias de mujeres, de jóvenes, de población LGBTI, de desplazados, de ancianos y demás poblaciones excluidas, que se encuentran en los espacios urbanos y ensayan maneras otras de vivir por fuera de los marcos estrechos del mercado y la mercantilización de la vida.
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1. Doctor en Agronomía. Profesor Emérito de la Universidad Nacional, Bogotá, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Doctora en Agroecología. Profesora Universidad del Valle, de la Universidad Nacional y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Palmira, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Doctor en Filosofía y Doctor en Agroecología. Docente Asociado Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Palmira, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Para citar este artículo: Vallejo Cabrera, F. A., Salazar Villareal, M. C. y Giraldo Díaz, R. (2021). Ciudadanía Ambiental y escalamiento de la agroecología en la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, Colombia. Revista Luna Azul (On Line), 52, 126-144. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.52.7
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