Motivaciones ambientales de autogestión vecinal y el abandono municipal de parques distritales en JLO - Perú

Carlos Alberto León De La Cruz1

Recibido: 26 de mayo de 2020 - Aceptado: 1 de mayo de 2024 - Actualizado: 5 de agosto de 2024

DOI: 10.17151/luaz.2022.55.8

Resumen

El objetivo de este trabajo es conocer la evolución del proceso de autogestión vecinal de parques en distritos de alta densidad urbana como JLO - Perú, ante el abandono total o parcial del gobierno municipal, tanto en sus funciones como en sus relaciones vecinales. Se realizaron 232 entrevistas a residentes en viviendas colindantes a 30 parques (de un total de 43) ubicados en JLO. Se tuvo un diseño de investigación etnográfico realista con información cualitativa respecto de la evolución, vivencias de los actores sociales y sus motivaciones ambientales en torno a la autogestión de parques. Asimismo, se obtuvo información cuantitativa caracterizando a los actores sociales, sus percepciones sobre las organizaciones vecinales, su rol en el cuidado de los parques y sus relaciones con los actores municipales. Los resultados indican una baja participación vecinal con rol ambiental (5% de organizaciones), con 68% de parques en regular o mal estado. Sin embargo, es necesario tener interacción social, pues se asocia en un 85%, a parques en buen estado. Los vecinos no tienen motivaciones hacia pagos tributarios para mejorar los parques, pero sí a la necesidad de mayor educación ambiental, en un distrito con una historia ambiental más individual que institucional.

Palabras clave: gestión ambiental, participación comunitaria, municipios.

Environmental motivations of neighborhood self-management and municipal abandonment of district parks in JLO – Peru

Abstract

The objective of this paper is to know the evolution of the process of neighborhood self-management of parks in districts of high urban density such as JLO - Perú, given the total or partial abandonment of the municipal government, both in its functions and in its neighborhood relations. 232 interviews were conducted with residents in homes adjacent to 30 parks (out of a total of 43) located in JLO. There was a realistic ethnographic research design with qualitative information regarding the evolution, experiences of social actors and their environmental motivations around the self-management of parks. Likewise, quantitative information was obtained characterizing social actors, their perceptions of neighborhood organizations, their role in caring for parks and their relationships with municipal actors. The results indicate a low neighborhood participation with an environmental role (5% of organizations), with 68% of parks in regular or poor condition. However, it is necessary to have social interaction, because it is associated in 85% with parks in good condition. The neighbors have no motivation to pay taxes to improve the parks, but to the need for more environmental education, in a district with a more individual than institutional environmental history.

Key words: environmental management, community participation, municipalities.

 Introducción

El distrito JLO (José Leonardo Ortiz), ubicado en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque en la costa norte peruana, es de los más poblados del país con 167.710 habitantes (puesto 38 de 1.874 distritos) y tiene una densidad urbana de 5.943 habitantes por km2 (1,8 veces más densidad que la provincia del Callao en la región Lima).

Esta alta densidad no supone una peor o mejor posición en materia de gasto público, comparado con otros distritos de mayor densidad o tamaño. Así, el distrito más grande del Perú, San Juan de Lurigancho (región Lima), tuvo en 2023 un gasto público per cápita —en datos del Ministerio de Economía— de 59 dólares (USD), cifra menor a JLO que tuvo USD 150. Mientras que el segundo más poblado, San Martín de Porres (Lima), tuvo un gasto per cápita de USD 57 y Comas (su distrito vecino en la misma Lima) gastó USD 61.

Como se ve, las ventajas poblacionales para mayor gasto fiscal son relativas, obligando a los distritos a pensar en fondos propios para la provisión de servicios diversos, los que la Ley Orgánica de Municipalidades Nro 27972 señala como sus competencias específicas, entre ellas: protección y saneamiento ambiental, así como la conservación de parques y jardines diversos.

En ese sentido, en la municipalidad de JLO la recaudación propia llegó a USD 17 per cápita en 2023 (los fondos propios fueron 23% del ingreso total, el saldo proviene del gobierno central), mientras que los fondos recaudados por servicio de limpieza pública fueron de USD 5,25 por habitante y los destinados a parques apenas llegaron a USD 0,75 per cápita. La baja recaudación para gestión de parques o limpieza, no implica tampoco habitantes de escasos recursos respecto de otros distritos.

Para ello, comparemos a JLO con La Victoria, otro distrito ubicado en Lambayeque (con 101.510 habitantes y una densidad de 3.172 habitantes por km2). En 2023, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, el salario promedio neto en JLO fue de USD 257 al mes, mientras que en La Victoria llegó a USD 339 mensuales (32% mayor). Sin embargo, en este último distrito, la recaudación propia per cápita de la municipalidad fue similar, con USD 16,5 (20% del ingreso total), la recaudación por servicio de limpieza pública llegó a USD 4,36 ligeramente menor a JLO y la recaudación por servicio de gestión de parques y jardines llegó a USD 1,31 por habitante, un monto superior a JLO en 76%.

La imperante realidad económica distrital en JLO ha generado procesos diversos de respuesta municipal y vecinal. Por un lado, el abandono del gobierno local ante los escasos recursos o ineficiencia para afrontar los diversos servicios públicos, entre ellos la gestión de parques y jardines (donde la recaudación no cubre el costo anual de USD 2,12 por habitante) y, por otro lado, la “privatización” de esta gestión por parte de los vecinos, aun cuando esta respuesta puede ser bastante heterógenea (individual, organizacional o coparticipación con el gobierno local) o basada en diversas razones motivacionales.

Por ello, este estudio tiene como objetivo conocer la evolución del proceso de autogestión vecinal de los parques y jardines en JLO, ante la ausencia total o parcial de la administración municipal. Los objetivos específicos se relacionan con entender las limitaciones del gobierno local para el abandono de sus competencias en el manejo de parques, así como analizar las motivaciones vecinales en torno a la recaudación por gestión de parques y analizar las relaciones existentes entre los vecinos y con el gobierno local, que impulsan el proceso de autogestión o “privatización” de dichos parques.

Estos procesos evolutivos, que llevan a los habitantes a tener una mayor preocupación ambiental, son indesligables de la historia urbana y de sus habitantes, sea un medio urbano muy antiguo o muy reciente en su formación. Su historia ligada a la forma como se establecieron los habitantes, los acontecimientos urbanos y las relaciones sociales, culturales o económicas, van moldeando las motivaciones ambientales (Chávez, 2009); a ello se unen las tendencias globalizantes que ponen en descubierto la problemática ambiental y los efectos diversos del quehacer humano, que van siendo internalizados por los actores sociales.

Gallini (2009) señala un despertar ecológico en América Latina (AL) en los años 80, incluyendo las ideas de tener objetivos ambientales derivados de la planificación territorial asociada a ellos. En este sentido, la gestión del espacio urbano fue tomando conciencia junto a la expansión urbana, en un contexto de alta precariedad de la vivienda y el uso del suelo. Whitaker et al. (2020) le dan un rol especial en ello, a las municipalidades, dado que conocen de cerca las dinámicas de los actores locales, desde lo social, económico e incluso lo cultural.

El rol municipal crece, a medida que los gobiernos en AL descentralizan los esfuerzos de desarrollo territorial en un contexto de cambio climático, cuyas consecuencias pueden tener mayor severidad en territorios precarios o pobres. Así, Almeida et al. (2022) encuentran municipalidades que implementan impuestos ecológicos, restauran espacios verdes e incluso humedales en entornos urbanos y son parte de un proceso de gestión ambiental, que las obliga a coordinar entre diversos actores, como gobierno central, gobiernos regionales y actores comunitarios, que hoy son parte de las decisiones.

También hay limitantes al implementar estas políticas, como baja recaudación municipal y debilidad en crear relaciones institucionales y sociales, para lograr cultura tributaria (UN, 2022). A ello se suma la velocidad de ocupación urbana que desborda los desfinanciados gobiernos y genera presiones en el suelo por una demanda de vivienda que desplaza la demanda ambiental. En general, se gestionan ciudades donde el problema ambiental se combina con delincuencia, manejo débil de residuos, desastres naturales, riesgos del mal diseño urbano, así como distribución desigual y polarizada de servicios, cuyos estándares urbanos se perciben distintos entre estratos ciudadanos (Lehmann e Irigoyen, 2024).

Otras presiones derivaron del daño ambiental existente, comparado con otros países, como lo ocurrido en Colombia, que llevaron a la Ley 99 de 1993, buscando mayor respuesta municipal junto a la coordinación con los actores sociales (Cárdenas, 2014).

En Perú, por ejemplo, la Ley 27972 (de municipalidades) pone en vigor el tema a nivel local en 2003, sin embargo, el ente rector ambiental (Ministerio del Ambiente) recién fue creado en 2008 y el ente fiscalizador de afecciones ambientales (OEFA) entró en actividad oficial en 2010. Schott (2004) también incluye el debate de la evolución urbana en el tratamiento de los problemas ambientales derivados, por ejemplo: residuos, aguas con desechos y áreas verdes que se reducen; efectos de una sociedad que se expande en principio por presiones económicas, pero que en algún momento demanda nuevas tecnologías acordes al mundo actual, para mejorar los productos “negativos” de la aglomeración urbana. Esas nuevas preocupaciones de lo que el mismo ser produce, generan nuevas interacciones entre sociedad y gobierno, moldeando la historia ambiental urbana.

Muchas interaciones parten de los roles entre empresarios que ocupan el espacio urbano y presionan los espacios de interacción social, además que se generan efectos ambientales de ambos lados, incluso con externalidades negativas que deben ser monitoreadas por los municipios (Alpenberg et al., 2018). Este metabolismo económico social es parte de la historia ambiental urbana; en algunos casos se requieren políticas de justicia ambiental (Molano, 2016) que mejoren estas relaciones y creen infraestructuras ajenas a dependencias de modelos urbanos que pueden ser más sofisticados; pensadas en la dinámica económica laboral (la atracción empresarial que hace competir ciudades), pero que entrañan otros efectos negativos urbanos como polución ambiental por una presión urbana vehicular o de transporte con un criterio promercado, o el manejo de residuos sin pensar en su reuso u otras formas ecológicas de consumo aún ajenas en ciudades de AL.

A pesar de los resultados señalados, la formación de centros urbanos también tiene factores de sostenibilidad ambiental a tener en cuenta (McHale et al., 2015), como la complejidad de la interacción entre espacios más urbanizados que otros, que pueden generar dinámicas sociales que pueden ser positivas, y la política pública debe ayudar a no crear espacios diferenciados. La conectividad entre actores para el desempeño económico o social, es clave; la sostenibilidad radica en promover espacios económicos internos para esas redes de trabajadores (inclusive el ordenamiento del transporte), pero con espacios verdes para las conexiones sociales (Fisher, 2011). El abandono de este proceso no crea sostenibilidad futura, inclusive en ciudades pensadas bajo una amplia base económica, como señalan Bertini et al. (2016) que plantean indicadores de áreas verdes (en m2 sobre áreas de esparcimiento y m2 por persona, según el estado y disponibilidad de las mismas) para ciudades brasileñas de alta importancia económica. Una propuesta también presente en Pérez-Medina y López-Falfán (2015) que relacionan el tamaño de áreas verdes con los mercados de vivienda, pero que también se vinculan a las fuerzas sociales para poder extender dichas áreas, rompiendo la hegemonía del mercado y mejorando así la gobernanza local.

La sostenibilidad puede darse, inclusive, cuando las decisiones de vivir en un espacio cercano a las áreas verdes (para visitas o de valor paisajistico) no siguen un patrón o necesidad previa de lograr bienestar psicológico o subjetivo, sino que responden a dinámicas económicas (laborales, comercio u otras) o sociales; ello no impide que las áreas verdes puedan integrar habitantes de distintas preferencias culturales o de servicios ecológicos (Tavano et al., 2015). Otros aspectos de sostenibilidad son el fácil acceso a los barrios o zonas de la ciudad (sobre todo periféricas), señalización y existencia de servicios (infraestructura) para los peatones tanto de esparcimiento como básicos (Moreno e Inostroza, 2019).

Un criterio adicional es la difusividad de las políticas locales. El grado en que las autoridades locales pueden llevar sus esfuerzos ambientales al compromiso social implica difusión amplia. Sin embargo, fallas de sostenibilidad implican autoridades débiles o desconectadas del medio ambiente y de poblaciones cuya calidad de vida es el objetivo principal de desarrollo (Contreras, 2017), incluso considerando grupos que podrían ser estáticos en su visión ambiental como las generaciones de mayor edad contra otros muy dinámicos como los más jóvenes. Finalmente, la diversidad de los pobladores supone además brechas de riqueza que la autoridad no puede ahondar para ser sostenible; los espacios verdes no pueden seguir esas brechas, sino que deben promover la integración de estos pobladores diversos, proceso ya denominado interacción hombre-ciudad-naturaleza, como un espacio de confrontación e integración de intereses de personas y grupos sociales (Garzón et al., 2004).

Osorio (2011) señala la presencia de estas “islas” de las élites y la presencia de periferias pobres, pero no solo brechas económicas, sino también brechas de cuidado ambiental, que la autoridad local desoye o simplemente se influencia del poder económico, por tanto, la política pública tiene que ser homogénea en todo el espacio urbano, mirando su accionar desde resultados para toda la ciudad, como por ejemplo metas de reducción de la huella ecológica de la ciudad en su conjunto.

Las ciudades también pueden ser unidades eficientes para el manejo ambiental, sobre todo si son densas. Dodman et al. (2013) indican la presencia de efectos multiplicadores en la sostenibilidad, ante cualquier política, dada la concentración urbana, puesto que es menos costoso en términos per cápita la provisión de servicios ambientales y generar así una infraestructura verde de impacto en el bienestar social, con efectos como un mejor clima urbano para las olas de calor esperadas, bienestar derivado de mejor calidad del aire y el paisaje y espacios habitables amigables para la sociedad (Rakhshandehroo et al., 2017).

Lo anterior, implica una visión urbana que integre los desafíos ambientales (con innovaciones en las políticas públicas) y además coparticipe el poblador (nuevas competencias sociales) junto a grupos organizados como las ONG ambientalistas u otras con rol social (Luchetti, 2008), sobre todo en contextos urbanos de limitaciones financieras, muy comunes en ciudades emergentes o de ingreso medio bajo.

Liu y Leiserowitz (2009) evidencian el creciente rol de los actores y sus nuevas competencias sociales, vinculadas a sus percepciones en materia ambiental y la demanda de participación en gestionar de algún modo servicios ambientales o promover el cuidado del medio ambiente; ello, en un contexto de alto crecimiento económico que presiona a los habitantes a una dicotomía entre crecimiento y polución. Por ejemplo, en ciudades chinas, los habitantes ya internalizan los daños de la polución a la salud (22% de preocupaciones ambientales). Mientras que municipalidades peruanas empiezan a preocuparse de dichos efectos, reportando mayor existencia de elementos contaminantes (pasó de 88% a 93% entre 2017-2022), sin embargo, la tendencia desde 2020 es decreciente, sobre todo en emisiones de gases de motorizados (cifras del Registro de Municipalidades del INEI).

Liu y Leiserowitz (2009) también encuentran un 77% de habitantes urbanos que prefieren un desarrollo económico armómico con las preocupaciones ambientales, contra un 44% que priorizan la actividad económica sobre lo ambiental; la dicotomía aún presente, es cada día menos relevante para las sociedades. Es de esperar la misma respuesta en AL, donde la dicotomía es inclusive exacerbada por las políticas sectoriales, como las proextractivas, por ejemplo.

Los habitantes urbanos son también conscientes de la necesidad de mejorar el medio ambiente, así, 23% piden políticas públicas adecuadas, 20% exigen mayores penalidades en las normas ambientales e, incluso, 29% están dispuestos a tener un mayor rol comunitario para eventos o roles ambientales. Qian et al. (2011) enfatizan, además, en el manejo de residuos y el reciclaje con indicadores claros (inclusive financieros y organizacionales) de logro o de avance, para que ello apoye el compromiso social. Estos y otros datos son relevantes para las políticas medioambientales, puesto que es posible partir de evidencias e integrar a los actores desde sus propias necesidades (Pardo, 2003).

Volviendo al hecho de poder financiar la gestión de parques, tenemos dos vías: una es confiar en la capacidad municipal y pagar las tasas respectivas; otra es que la propia autoridad municipal incentive un rol más activo de los vecinos en los parques, con algun mecanismo de gestión (Silveira et al., 2015) como los comentados antes.

Colding et al. (2006) también señalan las ventajas de grupos sociales participativos en gestión de áreas verdes, reduciendo el costo de transacción de políticas públicas ambientales, por ejemplo, el hecho de mejorar la recaudación, o delegar funciones de cuidado en los pobladores; además, permite a los habitantes generar resiliencia a efectos ambientales adversos, trabajando mejor con el actor gubernamental en dichas políticas. Un factor adicional para lo anterior es la creación de confianza entre ambos actores (Hassink et al., 2016) y voluntad mutua, lo que requiere una autoridad municipal que cree expectativas comunes con los pobladores (denominado conexión emocional con integridad en la relación) y marcos regulatorios entendibles por los actores sociales.

Finalmente, el estudio se justifica dado que el territorio de JLO proviene de dinámicas formales e informales de asentamiento; en el primer caso se tuvieron terrenos agrícolas derivados en suelos urbanos formales, pero sin mayor planificación territorial (autoridad ausente en los años 1950-1970), y en el segundo caso por asentamientos de tipo “invasión” (años 1970-1980) donde el Estado claudica y termina aceptando la ocupación del espacio (Espinoza, 2018). Esto genera tensiones entre el uso de vivienda y el uso recreativo. El valor del suelo, sin embargo, mejora en la medida en que se incorporan espacios de recreación o paisaje, que los vecinos podrían valorar en el tiempo, por ello es importante conocer las motivaciones ambientales en territorios con ocupaciones históricamente complejas y con relaciones heterógenas con la autoridad municipal.

Materiales y método

El estudio es de tipo cualitativo, bajo un diseño etnográfico realista, porque contiene información cualitativa y cuantitativa (Creswell, 2005); el estudio es exploratorio y contamos con una teoría inicial que requiere ser contrastada con los hallazgos en JLO.

En el caso cualitativo, se quiere entender el proceso que siguen las personas que viven frente a un parque en JLO, para actuar por su propia cuenta y gestionar el mantenimiento del mismo, ante la indolencia o ausencia total o parcial del gestor municipal.

Las acciones vecinales se vinculan a la historia del parque, a la evolución urbana desde su perspectiva y a sus propias vivencias o prácticas en torno al parque (medio social), vinculadas al significado que le otorgan a sus percepciones medioambientales.

Estas personas se juntan, bajo algún mecanismo de confianza con sus vecinos, desarrollan ideas diversas para la colaboración y generan espacios grupales de trabajo coordinado, espacios que también fracasan. Es la evolución de estas personas y ese espacio grupal, con una historia común en torno al recurso ambiental, la que se busca descifrar, buscando algún aspecto común de éxito y además encontrando formas de conectar con el gobierno local, que podría ser inexistente en la historia cotidiana relacionada al parque que rodea a los vecinos.

Igualmente, el estudio abarca las perspectivas que tienen los gestores municipales relacionados, si bien la motivación directa de la inacción sería la falta de recursos. Existen otras razones diversas en torno a por qué no se ponen de acuerdo con sus vecinos, incluso las relaciones entre municipalidad y comunidad, que deben existir en el territorio; por algún motivo fracasan o no existen, no se desarrollan o no evolucionan hacia logros concretos.

En el caso cuantitativo, se caracterizan las viviendas u hogares, que están en torno al parque, para ello se aplica una encuesta que captura características económicas de los residentes permanentes que viven frente al parque, asimismo se exploran las dinámicas en torno al medio (sociales, económicas), las formas de organización vecinal, las percepciones sobre el manejo ambiental así como las relaciones con el gobierno local; todo esto con fines de establecer las motivaciones de autogestión vecinal de un parque, relacionado con algunas características económicas, organizacionales o demandas ambientales de los ciudadanos.

En esa medida, la población del estudio la constituyen 965 viviendas estimadas alrededor de los 43 parques existentes en JLO, que representan 150.896 m2 de áreas verdes.

El área total de estos parques equivale al 0,53% del distrito, estimando 0,93 m2 por habitante. Esta medida es pequeña comparada con distritos de alta densidad, por ejemplo, San Juan de Lurigancho (Lima) tiene 1,65 m2 por habitante. Distritos similares en población a JLO y el triple de densidad como San Miguel (Lima) tienen 4,3 m2 por habitante. Entonces explorar la realidad de JLO permite además entender un proceso evolutivo que en la actualidad no ha privilegiado la creación o ampliación de áreas verdes.

La muestra fue de 232 viviendas frente a los parques seleccionados mostrados en la Tabla 1 (cubriendo 24% de la población, 70% de parques y 71% del área verde en m2), los que, por razones de seguridad o riesgo de delito, fueron accesibles; esto se debe a que JLO es el segundo distrito en el ranking de delincuencia de la provincia de Chiclayo, con 6.853 delitos reportados en las calles en 2022, en cifras de Datacrim - INEI.

Las unidades de información (muestreo) son residentes permanentes con edades de 18 a más años. Pueden ser hombres o mujeres, pueden ser jefes de hogar o aportantes (si ya están jubilados, pueden aportar o no, pero residen alli un tiempo largo para captar la historia medioambiental). En cada parque, por lo menos, se entrevistará al líder vecinal o residente más antiguo (aspecto discrecional). El resto de entrevistados pueden formar parte o no de las juntas u organizaciones vecinales, en caso de que existan. Se aplican primero entrevistas y luego encuestas a las mismas unidades de información. Cada vivienda es elegida al azar, considerando al menos 8 por parque o 2 en cada lado adyacente al parque cuando existan viviendas; si no, se reparte entre los lados con viviendas (para las entrevistas que no incluyen al líder vecinal o residente más antiguo).

Tabla 1. Selección muestral de parques en JLO según tamaño en m2

Fuente: municipalidad de JLO y el autor.

También se entrevistaron a las autoridades de la municipalidad de JLO: alcalde o responsables de gestión. Además, otros actores externos que han participado activamente de la problemática ambiental distrital, como los congresistas de la región Lambayeque.

Las entrevistas/encuestas se realizaron entre junio y septiembre de 2019. El procesamiento de resultados para la información cualitativa es con análisis de contenidos, a partir de una línea de tiempo con la evolución del medio social y ambiental de los habitantes. En el caso cuantitativo, se procesan los resultados de la encuesta aplicada, usando principalmente tablas cruzadas y frecuencias.

Resultados y discusión

La autogestión vecinal de parques en la historia ambiental de JLO

Desde la perspectiva ambiental, la evolución de JLO no guarda muchas distancias con su formación como ciudad. Joseph et al. (2009) describen este proceso como caótico y a la vez especializado en una formación urbana en torno al comercio mayorista. Dicha evolución, veloz, crea una ciudad con altos costos de congestión y con desiguales distribuciones de inversiones públicas o privadas. Algo evidente en JLO, como ciudad de mucha densidad o en ciudades intermedias peruanas, principalmente en espacios más lejanos del centro (ocupado por nuevos migrantes cada año) que reciben menos servicios, pero más polución o criminalidad, como describen Espinoza et al. (2022).

Históricamente, el distrito fue creado en 1961 como San Carlos (en 1966 se llamó JLO) y tuvo como eje dos dinámicas: la comercial en torno al barrio Moshoqueque (donde se ubica el mercado mayorista/minorista más grande del norte peruano y segundo del país, creado en los años 60) y Nueva Parada; y un eje residencial en torno a los barrios de Barsallo, San Carlos, Garcés Mercedes y Urrunaga; tal como señalan algunos de sus vecinos más antiguos: “Los terrenos de JLO provienen de los hacendados, algunos fueron expropiados, otros vendieron antes de ser expropiados. Por eso, cada barrio se nombró según el apellido del anterior dueño; los barrios nuevos son puras invasiones”.

Los pobladores normalmente fueron migrando de la zona andina, de exhaciendas azucareras y de otros barrios, que fueron eliminados por la municipalidad de Chiclayo en su expansión urbana, trasladando a los moradores hacia San Carlos.

En los años 70 fueron comunes las invasiones, que formaron barrios periféricos en torno al mercado Moshoqueque (desbordado completamente de su área inicial) y de los barrios más antiguos. La emergente ciudad tuvo entonces presiones del inmueble familiar/comercial, por encima de los espacios de interacción social. Estos espacios quizás tienen expansión en economías crecientes pero, como evidencia JLO, se deterioran rápidamente cuando la economía pública y aun privada entran en crisis, aspecto sostenido por Arias y Ávila (2013) y Sotelo (2017), quienes señalan que los resultados de estas debilitaciones urbanas suponen segregaciones sociales y un medio físico urbano hostil (con amplias debilidades en servicios públicos básicos), limitando la interacción y sustentabilidad urbana, en un entorno de poco Estado y bajo dominio político.

Del proceso evolutivo de JLO se desprenden algunas memorias colectivas, primero recordando al alcalde Carlos Castañeda (1952), quien expande el barrio y crea los primeros cinco parques distritales en cada barrio, usando los terrenos baldíos más antiguos. Este ejemplo fue la base para el alcalde Luis Gasco (1993-1998), señalado por pobladores antiguos como un “transformador” del espacio urbano en torno al centro distrital: “La mayoría de parques construidos, incluso los que se remodelan ahora, son de la época de Gasco, él inauguró estas obras y también arregló las calles”.

Gasco se subió a la ola de gran expansión de la infraestructura nacional en los años 90, logrando pavimentar las principales avenidas del distrito, ampliando la dotación de servicios básicos y creando 20 parques nuevos.

Otro aspecto de memoria colectiva más reciente, pero de zonas más alejadas del centro distrital, es la gestión del alcalde Javier Castro (2007-2010), recordado por habilitar nuevos parques (18 parques, algunos solo quedaron en delimitación de espacio, pero sin construir), generar espacios deportivos dentro de los parques (en muchos casos recortando el parque), colocar agua y energía eléctrica en muchos de ellos y ponerle veredas a los mismos, aspecto básico para los vecinos (ver Figura 1). En este sentido, la gestión municipal vinculada al espacio urbano ambiental es vista en la memoria histórica de modo personalista (caudillista) antes que institucional.

En este sentido, crear en JLO espacios colectivos de gestión requiere contar con las partes interesadas en el proceso de mejora urbana: líderes vecinales y empresarios que se mueven en el espacio local urbano. Sin embargo, tal como sucede, los personajes visibles pueden no estar muy conectados al eje comunitario, sino más bien tener solo interés personal, requiriendo ampliar el espectro participativo (Farrell, 2013). En JLO se requiere, además, que los actores urbanos definan la revaloración del espacio con áreas verdes activas, en equilibrio con las demandas comerciales (Wesley y Ainsworth, 2018). Dichas áreas verdes deben ser principalmente un espacio de actividad social y ajustarse a la demanda de recreación existente, que impacten en el menor estrés ciudadano (Gowda et al., 2008).

El estrés social en JLO también deriva de una pugna en los parques, pues se debe elegir entre un espacio público seguro, frente a centros de afluencia delincuencial o puntos de concentración de basura vecinal. Los vecinos no luchan en conjunto por el paisaje (cuando se juntan), sino por su propia seguridad, en su opinión: “Formamos la junta vecinal porque había muchos delicuentes y drogadictos, lo hicimos según la calle y la cuadra, ahora la policía nos da silbatos y chalecos, pero no hay más apoyo; la municipalidad no ayuda en nada de eso”. “La Junta vecinal luchaba para que haya alumbrado, desague o asfaltado, inclusive pagamos por eso, pero si se malogra algo, nadie del municipio apoya” (ver Figura 1).

No se forman juntas vecinales en busca de una estructura organizacional pensada a futuro, ni en el medio ambiente. Es más una reacción al medio inseguro, que rebasa el accionar institucional (policial o municipal). Las juntas quieren que los parques sean liberados de delincuentes; el espacio organizacional no está en función a las dinámicas territoriales o usos ambientales, sino asegurar la vivienda o el negocio mismo. Para enfrentar esto, se requieren cohesiones económicas, sociales y territoriales, que limiten la disparidad entre los miembros de la urbe, ya que los problemas serios urbanos (residuos, alta demanda económica del suelo, dependencia energética, ruido y tráfico) requieren una gestión integrada entre miembros de la ciudad para la construcción de espacios sostenibles (López, 2013).

Figura 1. Nube de opiniones vecinales en torno a la evolución de la gestión de parques en JLO.

Fuente: elaboración propia.

Un ensayo interesante en la historia ambiental urbana colectiva es la práctica de pactos vecinales con canditatos a alcaldes. Vecinos organizados se reunieron con candidatos a la alcaldía (en las elecciones hasta 2022). En la agenda figuraban la reducción de la contaminación ambiental, contar con una comisión ambiental municipal y la ampliación de áreas verdes; las opiniones en torno a los resultados de ello son: “El nuevo alcalde nos escuchó, está limpiando el parque, aunque las calles están un desastre, llenas de huecos, ya viene un jardinero, pero de vez en cuando”. Los resultados son visibles, aunque todavía a corto plazo y de manera parcial; generando una impaciencia vecinal que puede promover y justificar medidas que van en contra del propio uso del espacio público, como ellos mismos indican: “Los pobladores no mantienen el parque, son indiferentes, cuando lo cierran al público, al menos se mantiene en buen estado”.

Las propias organizaciones vecinales siguen un derrotero individual poco institucional, que socava la idea de participar e inclusive deslegitima su rol ambiental; no se generan así esfuerzos institucionales ni del lado público ni privado. Alguna opinión señala: “La junta vecinal la maneja la vecina (…), inclusive alquilan los espacios deportivos del parque y no sabemos quién maneja eso, solo nos convocan si hay emergencias por los delincuentes”. “El parque lo cuida un vecino, él se reúne con el alcalde, son conocidos, no nos convocan, no sabemos cómo hace para pagar los jardineros”.

Esto implica que los espacios de interacción en JLO no se perciben como parte de la comunidad sino de pocos vecinos, lo que deriva en arraigos no grupales, más bien ligados a individuos (fortalecer los barrios es necesario como política pública), lo que no ayuda en la construcción de un espacio comunitario basado en áreas verdes (Hernández, 2005).

Desde la pampa o terreno baldío de los años 70-90 hasta los parques actuales, los vecinos no tienen un gran arraigo en sus propios parques; el hecho de que la ciudad sea un caos es una preocupación más bien económica o de riesgo individual que tiende a desatender al espacio verde. La frase “mi negocio vende menos, encima me roban” es la preocupación principal de vecinos con negocios ubicados frente a los parques, sean en buen o mal estado.

Otros dichos como “el parque lo usan niños de otros colegios”, “casi no salgo al parque porque me pueden robar” o “recién recogen la basura del parque, por eso salgo a veces, pero es peligroso caminar por aquí” indican que la idea de juntas vecinales o interacciones sociales en torno a mejoras del parque es más bien secundaria, dependiente de las ventajas comerciales o de la reducción de delincuentes (ideas que a su vez dependen del negocio a defender o de la casa a cuidar, sobre todo de los vecinos más pudientes y mejor conectados). Pagar por el cuidado del parque también parece ser una idea más bien individual de algunos vecinos, antes que organizacional.

Por ello, en JLO la memoria colectiva no es institucional ni integradora, el colectivo tiende a perderse, y el crecimiento urbano muy intenso, además del individualismo, implican que la ciudad pierde su tangibilidad, como idea de territorio único. Esto además es complejo, en un espacio urbano segregado (evidenciado en toda la provincia de Chiclayo), dado que se conjugan 37% de predios ilegales con 33% de informales y 27% de formales (Espinoza y Fort, 2022), lo que limita generar miradas comunes para generar espacios con valor ambiental, que en el caso informal o ilegal ni siquiera existen.

En el contexto actual, como también señalan Gómez y Cuvi (2016), JLO debe verse como una ciudad explicada dentro del desorden. Antes que una aglomeración natural planificada, está caracterizada por un mercado informal de vivienda conviviendo con el lado formal (sobre todo en la periferia distrital que sigue creciendo) y con una mirada limitada en la gestión de los espacios verdes o de protección ecológica. Finalmente, JLO no está ajeno a las tensiones sociales y desigualdades que transforman las urbes, la sociedad y la economía globalmente (Green, 2002); un ejemplo es la atención municipal de áreas verdes por el centro más desarrollado del distrito frente a las periferias poco atendidas (denominadas asentamientos humanos, pueblos jóvenes o unidades populares), lo que habla de políticas públicas aún limitadas para un desarrollo distrital sustentable.

El gobierno local frente a los desafíos ambientales y la autogestión vecinal de parques

Una mirada común en las debilidades de gestión local es la escasez de recursos públicos, que también es causa de daños ambientales. Por ejemplo, entre 2009 y 2018, en JLO la recaudación por limpieza pública cayó 23% en términos per cápita, lo que trajo como consecuencia la declaración de emergencia ambiental por parte del Ministerio de Salud en los años 2016 y 2018; debido a riesgo muy alto, dado el inexistente o mal manejo de residuos en diversas calles, sobre todo esquinas con parques, que se volvieron zonas de concentración de basura por los propios vecinos. JLO repitió esta historia en 2023, esta vez declarado por el Ministerio de Ambiente (Resol. Ministerial 024-2023), a pesar del incremento de la recaudación por este rubro, a todas luces aún insuficiente.

En el espacio supradistrital (congresistas y prefectura) hay una visión pesimista del problema ambiental de JLO, la opinión común es:

Existe un círculo vicioso entre pocos recursos, vecinos sin cultura de pago o mucha desconfianza y los problemas ambientales. La poca visibilidad de las acciones del gobierno local limitan la idea de retribución, sobre todo en áreas verdes y manejo de residuos, que limitan finalmente el pago vecinal de tasas.

Sin embargo, lo positivo es la mirada sobre el último gobierno local (alcalde Wilder Guevara, 2019-2022) que:

(…) ha comenzado a tomar acción en materia ambiental, recuperando algunos parques mediante la arborización, este cambio de política pública debe reforzarse con participación vecinal, para un mayor reciclaje y cuidado de los espacios verdes. Se debe tener un plan de gestión de residuos y buscar estrategias de cobranza efectivas de las tasas.

La mirada supralocal es necesaria, puesto que las políticas ambientales locales tienen que alinearse a un esfuerzo nacional incluso normativo, en un marco de sinergias sociales urbanas multinivel (Velásquez, 2005).

La mirada del gestor municipal es más bien optimista:

(…) el distrito es muy contaminado, pero un corredor verde [áreas verdes no contaminadas incluyendo zonas con menos emisión y ruido] financiado con recursos propios puede mejorar la percepción ciudadana, ayudado con capacitación ambiental y manejo de residuos. El municipio se ha aliado con el gobierno regional para mejorar el recojo de residuos sólidos.

Sin embargo, también hay cautela en la recuperación de recursos, si bien se ha mejorado el recojo de residuos en 80% (en datos de la Gerencia Municipal), el insuficiente pago de arbitrios tiene varios aspectos a considerar: “la corrupción percibida por los ciudadanos es alta, así como un servicio limitado, además de poca capacitación y cultura de pago en los pobladores, sin embargo, un buen servicio y el acercamiento a la comunidad podrían ser favorables”. En este sentido la autoridad sigue el criterio de empezar con algunos indicadores de calidad ambiental (volumen de residuos) como plantearon Sernaglia y Mateus (2011) y del uso de los servicios municipales de mayor demanda ciudadana, así como indicadores de interacción social (Jacobs, 2002). Otra propuesta es incorporar auditorías ambientales urbanas equilibradas con las actividades económicas locales, como indican Antúnez y Domingos (2013).

Sin embargo, esto convive con una mirada municipal todavía distante de las percepciones ciudadanas, ya que se cree que “los pobladores aún no valoran las áreas verdes” a pesar de los esfuerzos municipales, que la última autoridad municipal reconoció como recientes, luego de los últimos “cinco años sin manejo ambiental”.

El accionar del gobierno local no ha generado mayores espacios de participación vecinal: en 59% de los parques existen Comités locales (42% cuentan con reconocimiento municipal), pero en solo 39% de ellos el vecino es participante activo. En 27% de estas organizaciones el fin es el cuidado de los parques, primando un 48% dirigido a detener la delincuencia en la zona. Un 36% de las organizaciones activas tienen relación de algún tipo con la municipalidad, lo que resulta en que solo 8% de organizaciones vecinales han tenido alguna coordinación con el gobierno local (si añadimos el criterio de cuidar el parque, resultan solo 5% de organizaciones). Un 16% de estas coordinaciones tuvieron que ver con temas ambientales. La mayor parte de ellas fueron para solicitar alguna ayuda relacionada con festividades o celebraciones de la zona (31%).

Los ciudadanos no ven al gobierno local como un socio de largo plazo, la mirada es clientelista de ambos lados, este escenario genera barreras para consolidar políticas ambientales y, sobre todo, mayores incrementos recaudatarios.

En la Figura 2a tenemos la percepción vecinal sobre sus relaciones con el municipio; no se ven diferencias si el vecino forma parte o no de una organización vecinal. El vecino, en general, tiene una baja expectativa respecto del rol municipal, particularmente en la transparencia, la receptividad y el acceso a sus autoridades.

En materia del estado de los parques, 33% de ellos están en buen estado, 47% tienen estado regular y 20% tienen mal estado. La Figura 2b muestra cuatro dimensiones vecinales (actividades, aportes, cuidado en el uso del parque y pago de tasas) y tres dimensiones municipales (mantenimiento, autoridad y control y la preocupación ambiental) según el estado del parque. Para los vecinos un parque malo está muy vinculado a la escasa recaudación propia o municipal, mientras que un parque regular o bueno se vincula mucho al cuidado que ellos mismos tienen y a las actividades conjuntas que puedan realizar.

                                       a. Gestión local                         b. Cuidado vecinal de los parques

Figura 2. Percepciones de los vecinos sobre la gestión local y la autogestión de parques (en escala de menor 0 a mayor 5).

Fuente: elaboración propia.

Desde el lado municipal, los parques sean buenos o malos se ligan al mantenimiento y la autoridad y control sobre los trabajadores que realizan estas labores. Durante años se percibió un caos en la municipalidad, asociado a huelgas o simples abandonos del trabajo, que los vecinos percibieron en sus parques, obligándolos a buscar recursos propios.

En algunos parques se tuvo éxito, sobre todo en aquellos que contaban con canchas deportivas que se podían alquilar, sin embargo, estas acciones desincentivan la participacion social, porque un vecino se transforma en el ejecutor de ingresos y gastos, con la consiguiente desconfianza de los demás. La recuperación del espacio con soporte organizacional comunitario es necesaria para la sostenibilidad de los parques (puede ser más efectivo apoyar actividades de los vecinos que cobrar la tasa por cuidado de parques, por lo menos a corto plazo), ante una escasa predisposición al pago de tributos.

En la Figura 3a vemos las percepciones vecinales, siendo parte o no de una organización, sobre los servicios públicos-ambientales. En general, es mala (excepto energía con más de 3), donde la calidad del aire es la menos valorada (la falta de parques en buen estado es parte de ello). Sin embargo, ya hay mejoras en la gestión de residuos sólidos (al menos el recojo), aun cuando estar organizado implica una mayor exigencia de calidad por parte del vecino. La sociedad en JLO tiene en este aspecto una calidad de vida por debajo de las exigencias vecinales, lo que lleva a una valoración ambiental menos relevante, dada sus urgencias básicas. Algo esperado en urbes de ingresos medios bajos, según indican Frutos y Esteban (2009), pero las sociedades evolucionan hacia la obtención de beneficios derivados de las zonas verdes, y entonces serán capaces de dotar de valor económico a estos bienes públicos.

            a. Servicios públicos     b. Prioridad económica sobre el medio ambiente según edad

Figura 3. Percepciones de los vecinos sobre servicios públicos-ambientales y su priorización económica sobre el medio ambiente (en escala de menor 0 a mayor 5).

Fuente: elaboración propia.

La Figura 3b muestra la preponderancia de la actividad económica por encima del cuidado ambiental. Entre los 28 a 41 años hay esta priorización, que resurge a partir de los 66 años a más. La vulnerabilidad de los más jóvenes frente a la delincuencia o desempleo y el hecho de vivir en espacios urbanos caóticos, como indica Dickerson (2016), generan la expulsión de esta población; creando menor sostenibilidad a largo plazo para la gestión local ambiental, que se agrava por la escasez de ingresos en los ancianos, lo que en general implica menor valor del recurso ambiental.

Pero esta priorización económica no es general, hay vecinos cuya valoración del parque es mayor (42 a 65 años) y por tanto tienen más incentivos de participación, por lo cual, las acciones municipales deben ofrecer a cada grupo etáreo estrategias distintas, más opciones deportivas para jóvenes o de autoempleo para ancianos, que podrían integrarse en las áreas verdes, motivando mayor interacción social y participación vecinal efectiva.

Motivaciones ambientales, tributarias e interrelaciones vecinales

La vida en JLO transcurre en el mismo espacio geográfico, 89% de vecinos trabajan y residen allí, 66% se reunen allí por festividades y 71% compran bienes en el mismo distrito. Para ello, transitan a pie (30%) o usan transporte público (54%). Esto supone diversidad de paraderos, aglomeraciones de buses, minibuses o autos colectivos, generando ruido y emisiones de gases; que vuelven a los puntos más comerciales o transitados del distrito, espacios informales, inseguros y muy contaminados, incluyendo los parques cercanos a estos lugares. Una realidad muy opuesta a lo indicado por Figueiredo et al. (2016), que señalan que interacciones seguras y cortas con el espacio verde local son de alta valoración ciudadana y algo indesligable de la vida urbana; además, promueven la salud física e incentivan a participar comunitariamente en la mejora de estos espacios (Dawn, 2012). También se percibe más bienestar social si se está cerca de áreas verdes en buen estado y con amplio espacio para recreación y deportes, sin tener congestión vehicular (Jurkovic, 2014). En este sentido, en JLO existe un doble castigo para los pobladores que usan los espacios públicos al caminar (inclusive los espacios verdes), ya que están expuestos a la contaminación y al robo; tener interacción social así, es limitado.

Por ello, es natural una mirada desconfiada de los vecinos, 36% de ellos esgrimen esta razón para no interactuar en el barrio, mientras que 43% notan desinterés de los vecinos para integrarse. Esto debe revertirse, ya que la intención de cuidar bien un parque está 85% de las veces relacionada con organizarse entre vecinos, mientras que un parque descuidado se vincula en 72% de las veces con vecinos con escasa interacción social.

A pesar de ello, hay una mirada optimista hacia el futuro: 96% de vecinos creen que su medio ambiente tendrá mejoras, para lo cual se tienen además diversas propuestas mostradas en la Figura 4. Independientemente de tener o no participación efectiva vecinal, o motivaciones de cuidado de los parques, los pobladores coinciden en que la educación ambiental es necesaria y muy valorada. Esta creación de capacidadades de gestión ambiental local, junto a la transparencia en las relaciones vecinales, son aspectos que Zamudio (2012) señala como prioritarios para los planes de desarrollo local a microescala y así mejorar los recursos locales tributarios.

Figura 4. Propuestas vecinales para la mejora medioambiental, según participación (%).

Fuente: elaboración propia.

En menor medida, pero relevantes, tenemos: la motivación a participar en mayores espacios y eventos comunes para el cuidado ambiental; así como una mayor inversión pública en el cuidado, ampliación y mejora de los parques como áreas verdes, sin que se privilegie más cemento. Las medidas de pago, como multas ambientales o tasas, tienen por ahora poca predisposición por parte de los vecinos. Un medio desintegrado como JLO y con mucha fractura social, requiere privilegiar el fomento de espacios participativos educativos, antes de tener mayor incidencia en el cobro de los tributos, en este caso ligados a parques.

La Figura 5 alude a las prácticas cotidianas e intenciones de los vecinos para proteger el medio ambiente, aquí resaltan: no botar/quemar basura a la calle (consecuencia de la limitada capacidad municipal para recogerla a tiempo), aspecto que es más una intención que un hecho concreto. Sin embargo, es una buena base para mejorar las prácticas de recojo y gestión de residuos. Ello porque reciclar, separar la basura antes de botarla y respetar los horarios de recojo, tienen también cierta relevancia en las acciones vecinales, además del cuidado del parque, que termina concentrando la basura no recogida.

El hecho de ahorrar agua o energía, cuyo impacto ambiental no es tangible o inmediato para los vecinos, implica procesos informativos sociales (incluso globales) que van teniendo efecto en sensibilizarlos en el cuidado ambiental. Las acciones vecinales de protección ambiental no difieren mucho entre sexos, edades o ingresos, lo que refuerza el hecho de que la gestión ambiental es un aspecto transversal y necesario en la vida de los residentes de JLO, sin distingo alguno.

Figura 5. Acciones vecinales para proteger el medio ambiente según sexo (%).

Fuente: elaboración propia.

Por tanto, políticas públicas locales que refuercen estas acciones, desde un plan de gestión de residuos participativo (con mucha educación e información), serán efectivas. En este sentido, el actor municipal debe mezclar el rol ambiental en todas sus áreas funcionales mejorando su gobernanza multinivel (Kamal et al., 2011), creando espacios deliberativos, transparentes, formales e informales con los actores sociales (Alfie, 2016), y tener un proceso de planificación donde la gestión ambiental es un eje que combina la equidad social con el desarrollo económico tal como indican Upadhyay y Brinkmann (2010).

Conclusiones y recomendaciones

JLO, como ciudad emergente, crece en un entorno caótico informal, con desintegración social y con una mirada ambiental poco institucional. La memoria colectiva respecto a la gestión urbana es personalista, lo cual impide la consolidación de espacios institucionales sostenibles para la conservación de parques. Estos, además, sufren una fuerte presión ante las demandas del uso del suelo, sea para vivienda o negocio, y han ido sufriendo un proceso de apropiación heterógeneo y marcadamente individual por parte de los vecinos, ante la indiferencia de la autoridad municipal y el avance de la delincuencia.

El cuidado de parques normalmente prospera cuando los vecinos se organizan, pero la sociedad en JLO mira con mucha desconfianza al vecino que promueve la gestión o cuidado de estos. Además, se producen relaciones clientelistas entre estos vecinos y la autoridad, lo cual debilita los procesos institucionales vecinales y no permite crear condiciones para mejorar la recaudación tributaria, puesto que los vecinos miran con cautela estas relaciones y, cuando no, con sospecha de corrupción.

Los pobladores tienen mucha dinámica social o productiva interna, pero enfrentan un ambiente hostil por el ruido, la polución, el crimen y otros, que impiden la interacción social aun en las áreas verdes, que incluso se cierran al público por esto mismo. Lo positivo radica en una creciente conciencia ambiental ciudadana, que exige más educación de este tipo y que prioriza, a edades adultas, el rol ambiental por encima de lo económico.

Finalmente recomendamos a la autoridad, antes que medidas tributarias, un proceso que genere mayor espacio participativo vecinal, que promueva la integración y, a partir de allí, un mayor rol activo de los vecinos en cuidar los espacios verdes.

Potencial conflicto de intereses

 El autor no tiene conflicto de intereses en este estudio.

Fuentes de financiación

Este estudio ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación y el Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

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1 Dr. en Economía. Escuela de Economía, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Lambayeque, Perú. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7718-3904 - Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=kApkUL0AAAAJ&hl=es

Para citar este artículo: León, C. A. (2022). Motivaciones ambientales de autogestión vecinal y el abandono municipal de parques distritales en JLO - Perú. Revista Luna Azul (En Línea), 55, 104‐126. https://doi.org/10.17151/luaz.2022.55.8

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