Prácticas y saberes de intervención del Trabajo Social en el escenario ambiental desde la experiencia de los departamentos Antioquia y Caldas

 

Gloris Rocío Tobar Carreño1, Ángela María Velásquez Velásquez2

 

Recibido: 11 junio 2019 Aceptado: 07 septiembre 2021

 

DOI: 10.17151/luaz.2021.52.2

 

Resumen

 

Este estudio tiene como objetivo develar otras prácticas y saberes de trabajadores sociales que enriquecen la intervención profesional en un escenario que plantea desafíos interdisciplinarios entre las ciencias sociales y humanas, la ciencia jurídica y las ciencias naturales y exactas, para mitigar el deterioro ambiental. Para tal fin, se realiza una interpretación de la información arrojada desde algunos fundamentos de la ecología social, la ecología política, la normatividad ambiental colombiana vigente y la metodología de intervención del trabajo social. El diseño de la investigación se basa en el paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo de las narrativas de 9 trabajadores sociales que se desempeñan profesionalmente en diferentes instancias del área ambiental en los departamentos de Antioquia y Caldas. Se utiliza la técnica de entrevista estructurada y revisión documental para la recolección de información, y el análisis de discurso en la interpretación de la misma. Como resultado está que el trabajo social por ser una disciplina que tiene métodos propios de intervención como son los de grupo y comunidad, lo posiciona como una profesión que articula, facilita y media en los procesos de gestión ambiental y territorial para la realización de actividades como la identificación y análisis de actores estratégicos, la lectura de territorio, la generación del vínculo y cohesión social, la planeación territorial y la planeación ambiental.

 

Palabras clave: Trabajo social, naturaleza, gestión ambiental, planificación territorial, participación comunitaria.

 

Practices and knowledge of intervention of Social Work in the environmental scenario from the experience of the Departments of Antioquia and Caldas

 

Abstract

 

This study aims to unveil other practices and knowledge of social workers that enrich professional intervention in a scenario that poses interdisciplinary challenges between social and human sciences, legal science and natural and exact sciences, to mitigate environmental deterioration. For this purpose, an interpretation  of the information generated from some foundations of social ecology, political ecology, current Colombian environmental regulations, and the social work intervention methodology was carried out. The research design is based on the qualitative paradigm with an interpretive focus on the narratives of nine social workers who worked professionally in different instances of the environmental area in the Departments of Antioquia and Caldas. The  structured interview and document review technique for the collection of information are used, as well as discourse analysis in their interpretation. As a result, social work, because it is a discipline that has its own intervention methods such as group and community methods, is positioned as a profession that articulates, facilitates and mediates environmental and territorial management processed to carry out activities such as the identification and analysis of strategic actors, the reading of the territory,  the generation of bonds and social cohesion, the territorial planning and the environmental planning.

 

Keywords: Social work, environmental management, territorial planning, community participation.

 

 


 

 

Introducción

 

El método de intervención del trabajo social en el escenario ambiental es un dispositivo que contiene procesos, técnicas e instrumentos que coadyuvan a las transformaciones microsociales para el fortalecimiento de las relaciones sociedad-naturaleza, la sustentabilidad del territorio y la justicia medioambiental. En palabras de Caraballeda (2012), “lo microsocial implica una mirada a lo local y una búsqueda de la singularidad del escenario de acuerdo con sus propias características y su relación con lo macro social” (p.120). Desde esta lógica, el entorno natural es interpelado por las comunidades que, desde sus necesidades e intereses, demandan la configuración de prácticas que permitan su subsistencia en los territorios. De igual manera, los territorios son tensionados por proyectos que tienen intereses económicos en los que se prioriza una mirada extractivista de los recursos naturales.

 

En esta relación, pensar lo microsocial implica transversalizar una mirada desde la ecología social para abordar los territorios, las cuencas y microcuencas hidrográficas y sus singularidades (flora, fauna, vegetación, cuerpos de agua, suelo), páramos, zonas de reservas, bosques, en una relación de complementariedad y sostenibilidad en la que haya un respeto, no sólo por los recursos naturales, sino por las personas y comunidades que habitan en los diferentes escenarios ambientales. Como se puede ver en la pluralidad de contextos, hay diferentes intereses y perspectivas sobre el uso y apropiación de los territorios. En ellos, las y los profesionales en trabajo social cumplen un papel importante como mediadores, educadores, y facilitadores de la gestión y planeación participativa, como se verá más adelante.

 

Ahora bien, desde una perspectiva de justicia ambiental, estos profesionales tienen la responsabilidad ética de garantizar la participación de las comunidades en los procesos de concertación, definición y concreción de las políticas públicas. Esto implica además una reflexión crítica, para que su quehacer no sea una práctica que se reduzca a una racionalidad instrumentalista de los intereses de un determinado grupo e instancia económica o política. A lo anterior se agregan los postulados de ecología social y de ecología política, los cuales hacen una crítica al modelo económico actual que siguen los gobiernos progresistas en los que la naturaleza es un recurso que se explota generando contradicciones sociales manifestadas en la pobreza y la desigualdad social. Lo que pretenden estas posturas es incluir la relación sociedad, naturaleza y cultura desde una perspectiva integradora y no antropocéntrica, la cual busca la explotación indiscriminada de la naturaleza.

 

Así, en este artículo se presenta un acercamiento comprensivo del quehacer del trabajo social desde la voz de las y los profesionales que en este caso son protagónicos, con la exposición de prácticas y escenarios de intervención del trabajo social en el área ambiental en las que se manifiestan procesos, contradicciones, retos y desafíos. En consecuencia, el artículo está organizado en 5 apartados. El primero plantea la caracterización y lectura de territorio como una práctica fundamental y transversal de la praxis del trabajo social en lo relacionado con los proyectos de gestión ambiental. En el segundo se describe la importancia de la gestión para la participación comunitaria, como eje articulador de los procesos socioambientales, aquí se abordan dos aspectos importantes que son el vínculo social como elemento que genera sostenibilidad de las dinámicas asociativas y la gobernanza como el involucramiento de diferentes actores en la gestión de los territorios. En el tercero, se aborda el programa Mejoramiento Integral de Barrios como una estrategia de planificación territorial en donde el aspecto socioambiental se integra con el físico y espacial. En el cuarto apartado se desarrolla la iniciativa de las tiendas de paz como una manera de promover formas alternativas de producir, comercializar y consumir semillas, verduras, hortalizas y frutos locales para generar sostenibilidad. En el quinto apartado se presenta una reflexión crítica desde diferentes posturas frente a la manera como se realiza la participación en el control y seguimiento de licencias ambientales y se evidencian las contradicciones que enfrentan los y las trabajadoras sociales, además los desafíos que deben asumir en este ámbito.

 


 

 

Metodología

 

El desarrollo metodológico de este estudio es cualitativo, en tanto que es un proceso de interpretación realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones entre las narrativas de un grupo de trabajadoras y trabajadores sociales que se desempeñan en diferentes medios ambientales. Aquí se sustituye la teoría explicativa, de predicción y control respecto de las prácticas de intervención profesional específicas, para comprender intencionalidades y procesos latentes que están limitados por un contexto político y económico.

 

Es de enfoque hermenéutico, pues busca develar las formas particulares de intervención del trabajo social en el contexto ambiental mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen sus maneras de actuar. Desde esta perspectiva, dichas prácticas y escenarios de intervención se configuran en un constructo social que se manifiesta a partir de la experiencia y narrativa de los propios sujetos (Bautista, 2011, p.14).

 

Para el análisis de los datos se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: procesos, logros, contradicciones, retos y desafíos de la intervención del trabajo social en el escenario ambiental, de las cuales emergieron otras específicas: participación y mediación comunitaria, vínculo social, lectura de territorio, relación binomio sociedad-naturaleza, cultura-naturaleza que son finalmente las que guiaron la construcción del presente artículo. En consonancia con lo anterior, se realizó un análisis de discurso mediante un estudio sistemático y estructurado de las narrativas con el fin de comprenderlas, describir hechos significativos y procesos que contribuyen a la producción de conocimiento para la disciplina de Trabajo social.

 

La principal técnica de generación de la información fue la entrevista a profundidad semiestructurada, realizada a profesionales de trabajo social del departamento de Caldas y de Antioquia que ejercen en diferentes instancias; esto permitió comprender perspectivas, significados y sentidos en los diversos escenarios de intervención. Se seleccionaron profesionales de trabajo social que tuvieran mínimo dos años de ejercicio en el tema de estudio en ámbitos públicos y privados, en los departamentos de Caldas y Antioquia.

 

 

Figura 1. Esquema componentes de la investigación

Fuente: elaboración propia.

 

Por otra parte, se realizaron nueve entrevistas dado que se evidenció un nivel de saturación de la información; se consideró suficiente la repetición de coincidencias en opiniones y posiciones frente a lo indagado. Como instrumento de generación de información, se desarrolló un guion con preguntas direccionadas en los siguientes ejes o temas: escenarios y campos de acción de las personas entrevistadas, intencionalidades de su quehacer, sustento teórico de la intervención del trabajo social en el campo ambiental, logros, contradicciones, retos y desafíos que enfrenta el y la trabajadora social.

 

Asimismo, se utilizó la estrategia revisión documental en bases de datos de revistas digitales de las facultades de Trabajo social de Colombia; igualmente, en Scopus desde el año 2012, en la cual no se halló información relevante del tema de estudio.

Luego se indagó en GREEN file, la cual arrojó información de desarrollo global y sociedad. Se continuó la búsqueda en ScienceDirect, sus temas están focalizados en procesos de investigación ambiental desde las ciencias naturales. En la búsqueda en Scimago, se registra la Revista International Social Work, que particulariza el tema de la intervención del trabajo social en lo ambiental. También se consultan libros de autores latinoamericanos que abordan el tema ambiental desde miradas alternativas como la ecología social y la ecología política; y finalmente se realizó una revisión de la política pública y la legislación ambiental colombiana. Las fases para la realización de la investigación fueron: revisión documental; trabajo de campo; organización, categorización y análisis de la información. Se finaliza con un aporte conclusivo acerca de los hallazgos emergentes del discurso.

 


 

 

Resultados y discusión

 

Caracterización y lectura de territorio

 

La caracterización territorial brinda elementos de análisis a los y las trabajadoras sociales para realizar la pertinente lectura de territorio y así plantear estrategias que sean coherentes con el contexto; de ahí la importancia, como lo manifiesta una de las entrevistadas:

 

de hacer un recorrido in situ del territorio para conocer vías de acceso, maneras de vivir de las poblaciones, seguridad, clima, ríos, quebradas importantes, infraestructura vial e institucional y de vivienda, principales actividades económicas como el cultivo de café, la ganadería, la minería y también el reconocimiento de los actores sociales para el proyecto y a veces a los trabajadores sociales nos correspondía realizar georreferenciación, es decir reconocimiento de coordenadas en lugares estratégicos de los territorios. (TS8)

 

Para la realización de estos recorridos, expresa uno de los profesionales del área social, se diligenciaba “una ficha en donde se consignaba la información de manera descriptiva con los aspectos mencionados” (TS8) y de allí se derivaba un análisis para la construcción de la estrategia participativa; asimismo se constituyó en una guía para que los profesionales técnicos se acercaran a las comunidades y así realizar diagnóstico técnico en lo ambiental (TS8). Es así como la lectura de territorio facilita el conocimiento micro social de lo local a partir de la medición cualitativa de los indicadores sociales en lo particular de la comunidad que se va a intervenir (Caraballeda, 2012,). Por eso, se constituye en una herramienta de comprensión y análisis de contexto para el equipo social y técnico. Además, la lectura de territorio configura un mapa social, la cual es considerada por Herrera (2016, p. 181) como metodología para la planeación participativa y la producción de conocimiento sobre una realidad social.

 

Otra experiencia en la que se resalta la importancia de caracterizar el territorio es la de una trabajadora social que acompañó el proyecto de Tiendas de paz. Ella relata que visitaba los municipios de Cocorná, San Francisco, Granada y San Luis, en el departamento de Antioquia, cuyo propósito era levantar una caracterización en las comunidades para determinar en qué condiciones estaban, cómo se podrían implementar las Tiendas de paz y generar espacios para la autogestión (TS6). Así mismo, un profesional señala que uno de los elementos fundamentales de la lectura del territorio es la identificación de los actores sociales “que están en un territorio, identificar cuáles son las relaciones, las funciones que hay allí, para conocer muy bien las particularidades del contexto y elaborar una caracterización” (TS2).

 

Es fundamental reconocer en los actores sociales, la red de relaciones y las características organizativas locales, sus formas de reciprocidad e intercambio (Caraballeda, 2012), es decir, relacionar aquellos que tienen mayor influencia pero menor interés, y viceversa, en los procesos de gestión socioambiental, tal como se observa en la Tabla 1, ya que a partir de esto se planean acciones que convoquen a la participación activa, especialmente para los que no tienen interés pero su influencia es esencial en la toma de decisiones. En consecuencia, es primordial “implementar técnicas de elaboración de mapas de actores en donde se identifiquen cuáles son los aportes que hacen cada uno frente al tema ambiental e identificar las posturas y llegar a consensos” (TS3).

 

Tabla 1. Ejemplo de mapa de actores según intereses, influencia y poder por punto de monitoreo de Riogrande

 

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Fuente: mapa de actores realizado por Trabajadora social (TS8). Cortesía. Corporación Autónoma Regional del Centro Antioquia, & Universidad Pontificia Bolivariana. (2015).

 

A lo anterior se añade que es relevante para el conocimiento del territorio y la intervención social recuperar los saberes ambientales configurados por la comunidad de acuerdo a las vivencias cotidianas que construyen una sabiduría popular enriquecida de deseos, temores y modos de asumir su relación con la naturaleza. Este proceso es nombrado por otra trabajadora social como una “lectura crítica y reflexiva de las realidades” que permite “articular lo social con lo que se quiere hacer, este es el paso a paso para intervenir la comunidad” (TS4). Dicha afirmación se relaciona con lo que plantea Leff (2009):

 

La complejidad ambiental abre una nueva reflexión sobre la naturaleza del ser, del saber y del conocer; sobre la articulación de conocimientos en la interdisciplinariedad y sobre el dialogo de saberes, donde se entretejen intersubjetividades, valores e intereses en la toma de decisiones y en las estrategias de apropiación de la naturaleza. (p.245)

 

Gestión para la participación comunitaria

 

La Constitución política de Colombia (1991) pregona el derecho que tienen los ciudadanos a organizarse y a participar. A la fecha, las comunidades han avanzado en el tema de participación porque lo han asumido como derecho ciudadano, que les permite asociarse en escenarios como la formulación de proyectos, la generación de nuevos liderazgos sociales, la integración de nuevos actores sociales y la toma de decisiones en los procesos de planificación territorial, entre otros (Contreras Santos, 2007, p.131).

 

La participación en la gestión socioambiental es un tema clave porque permite la toma de decisiones en la planificación, la gestión del riesgo en lugares vulnerables por acciones antropogénicas y biogénicas, la viabilidad en la ejecución de proyectos que afectan la comunidad y el entorno, y la configuración de nuevos saberes ambientales que fortalecen las diadas cultura- naturaleza, sociedad-naturaleza. Como se desarrollará más adelante la participación comunitaria se hace evidente desde diferentes instancias en donde “las comunidades comienzan a posicionarse como actores capaces de incidir en lo público, aportando así con sus propios saberes para poner en juego estrategias de poder en la lógica local” (Díaz y Morales, 2010, p. 86).

 

Bajo esta perspectiva el o la profesional en  trabajo social facilita la participación de la comunidad con acciones que la convoquen y la cautiven; de igual modo genera espacios en donde las personas se sientan escuchadas en sus intereses, preocupaciones y demandas; además de facilitar la construcción de alternativas, posibilitando que los diferentes actores interactúen de manera horizontal y reciban información concreta y veraz acerca de los procesos de gestión ambiental que serán adelantados en el territorio. Por eso, la función del profesional en trabajo social, en palabras de una de las entrevistadas “trasciende la transferencia de información, para generar empoderamiento de las comunidades en los procesos ambientales” (TS2), a través de la vinculación social y el compromiso por parte de las comunidades hacia los logros de las transformaciones que se pretenden. Asimismo, ante los daños ambientales inminentes en el mundo, de alguna manera se ha generado conciencia ambiental que “impulsa el hecho de que las organizaciones sociales reclamen y promuevan una mayor participación, una política ambiental, y un marco jurídico que permita resolver los conflictos que se vienen presentando” (Rodríguez, 2016, p. 24).

 

En este sentido, cada profesional en trabajo social tiene una importante labor de mediación, a partir de la escucha de las múltiples voces de actores e instituciones, tales como la gobernabilidad local, líderes comunitarios, comunidades indígenas, comunidades de pescadores y campesinos, entre otros. Esto se hace relevante en los procesos de planificación de cuerpos de agua (Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico), de microcuencas (Plan de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas) y de los territorios (Plan de Ordenamiento Territorial); es una condición sine qua non la participación de la comunidad en el desarrollo de sus fases. Como lo plantea la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW, por sus siglas en inglés) (2021),

 

(…) la participación tiene varios componentes a ser considerados y se establecerá con un enfoque de toda la sociedad e integrará a la sociedad civil, los agricultores y pequeñas empresas, los pueblos indígenas y los diversos intereses locales / regionales basados en los principios de equidad, igualdad y no discriminación. (párr. 11)

 

Otro ejemplo de mediación se da en torno a los conflictos por el uso del agua con las comunidades rurales de campesinos y pescadores en el Magdalena centro,

 

(…) donde se logró impulsar unas alternativas ciudadanas de turismo de naturaleza de pescadores asociados a huertas comunitarias, después de varios años de un conflicto social en torno al agua. Esta experiencia se convierte en una estancia de desarrollo local importante. (TS1)

 

Un escenario en el que intervienen las y los profesionales de trabajo social es el de la consulta previa que se propicia en “la construcción de una hidroeléctrica, de una carretera, de un plan de ordenamiento de microcuencas o como en mi caso, en el relacionamiento social con las comunidades afros e indígenas” (TS1).

 

En lo referente al tema de las comunidades indígenas y negras, la legislación ambiental colombiana establece mediante el Decreto 1320 de 1998 la Consulta Previa, para que dichas comunidades tomen decisiones tanto en la planificación como en la construcción y así no afecte los recursos naturales de su territorio. En este sentido, el trabajo social lleva a cabo procesos de mediación y comunicación entre las dos instancias, la institucional y la comunitaria, para la construcción conjunta de alternativas que impulsen el desarrollo local, como dice uno de los trabajadores sociales entrevistados, “de ahí que sea importante establecer códigos comunicativos que nos permitan avanzar en la generación de acuerdos con los grupos étnicos” (TS1), en tanto que

 

los pueblos indígenas tienen una forma de ver el mundo y nosotros tenemos otra en lo relacionado con el medio ambiente, pero hemos logrado conciliarnos, y hacer agendas conjuntas, entendiendo que hay unos lineamientos diferentes dentro de los resguardos: por ejemplo en el oriente de Caldas se han podido establecer formas productivas sin afectar los ecosistemas, como los bosques leñeros bio-ecosistémicos, donde la gente no quema, no tumba montes, sino que ya tiene unos cultivos para eso. (TS1)

 

En este contexto, siguiendo la propuesta de la IFSW (2021), “los trabajadores sociales tienen la habilidad necesaria para facilitar entre las comunidades y los funcionarios públicos y deben ser reconocidos por ello. El trabajo social debe considerarse un servicio esencial para posibilitar el derecho al desarrollo” (párr. 10).

En consecuencia, es importante valorar que el trabajo social hace parte de la articulación entre lo cultural y sociopolítico en los procesos de consulta previa; las comunidades étnicas con la institución representada por el profesional social, construyen vínculos sociales (Díaz y Morales, 2010) mediados por el diálogo de saberes, el respeto a las diferentes cosmovisiones, alrededor de la toma de decisiones para llegar acuerdos incluyentes que honren el entorno natural de los territorios. Ser un facilitador del proceso vinculante cultura-naturaleza constituye un desafío para el trabajo social, en tanto que dichas relaciones son obstaculizadas por las lógicas imperantes de la economía capitalista desarrollista y extractivista que en su instauración va generando conflictos sociales y ambientales.

 

El vínculo social elemento articulador entre el trabajo social y la participación

 

La tarea del trabajo social en la participación comunitaria, es la consolidación asociativa como eje articulador en la gestión socioambiental en las siguientes instancias: los consejos de cuenca, consejos de desarrollo sostenible, las mesas ambientales, los veedores ambientales y los veedores del agua. Es así como, “en estos procesos de desarrollo local se refleja la incidencia y la participación de las comunidades, que finalmente son los actores que conocen un territorio” (TS2). En el departamento de Caldas hay una experiencia de 8 Concejos de cuenca, en los cuales uno de los expertos manifiesta:

 

(…) trato de superar la norma e insistir mucho a los actores comunitarios de que tenemos que ser proactivos y buscar independencia. Aunque son creados por norma los consejos de cuenca, también puede sugerir dentro de su planificación alternativas para su sostenibilidad. (TS1)

 

Para el fortalecimiento del vínculo social cada profesional crea espacios pedagógicos in situ con perspectiva social, en tanto motiva, acompaña y fomenta el diálogo de saberes en torno a las prácticas ambientales en su territorio; así se ilustra en una de las experiencias de un Concejo de cuenca en el departamento de Caldas, “(…) programamos dos recorridos por cuenca de tal manera que vamos con todos los concejeros; es una actividad muy lúdica porque es estar en el río, en la montaña, los sitios sagrados, en fin en donde se pueda estar con la comunidad y así se genera un conocimiento de primera mano” (TS1).

 

Bajo este contexto, el trabajo social favorece el espacio propicio de vinculo social sostenible que suscita poder para que “sea utilizado en su sentido transformador, es decir, como capacidad para trabajar con otros lo que ha de fortalecer la participación y la posición del grupo en su proceso de constitución como sujetos sociales” (Díaz y Morales, 2010, p. 90), en la toma de decisiones y liderazgo en el diseño de propuestas de contenido ambiental. En este mismo orden de ideas, el trabajo social está llamado a impulsar acciones desde la perspectiva del trabajo en red, en tanto posibilita un capital en términos humanos y financieros de cara a la sostenibilidad del grupo y su proyección socioambiental,

 

como sucede en la cuenca del río Chinchiná en el departamento de Caldas en donde se creó el Pacto por la cuenca, se unieron 10 o 12 entidades y se conformó el Fondo del Agua. En este momento tiene un patrimonio de diez mil millones de pesos y es la que está orientada a conservar y garantizar la participación de los actores sociales para los próximos 10 años. (TS1)

 

De esta manera, es el vínculo de asociación como el Pacto por la cuenca donde ha de concentrarse el potencial social para promover dinámicas de autogestión; sucede igual con la conformación del Fondo de agua, pues su aparición en el espacio local tiene una intencionalidad de cooperación y liderazgo con lo ambiental, desde la cual pueden gestar en su interior relaciones y redes de trabajo colectivo susceptibles a favorecer transformaciones (Díaz y Morales 2010) en las relaciones sociedad-naturaleza.

 

De manera similar se identifica la experiencia de una trabajadora social con el proyecto mejoramiento integral de barrios, en donde los actores sociales construyen un vínculo común y de pertenencia a la comunidad, características que implican procesos de co-gestión, “que comprende que los diferentes actores se identifiquen, se reconozcan y estén dispuestos a trabajar en red, de manera dinámica y fuerte para que a través del tiempo los territorios se sostengan” (TS7). Como se ha mostrado en los anteriores párrafos respecto a la participación comunitaria y el vínculo social, se revela

 

(…) un nuevo vínculo entre lo público y lo privado, entre la sociedad civil y el Estado, en donde el sujeto más que ser un mero receptor de las políticas sociales, pasa a ser administrador de ellas, es decir, su participación en el Estado comienza a hacerse a través de una relación que promueve un asociacionismo crítico, vinculante y partícipe de las decisiones. (Díaz y Morales, 2010, p. 91)

 

De lo anterior se genera un desafío para las comunidades y grupos que participan de manera asociativa y activa en los espacios de mejoramiento integral de barrios, consulta previa, construcción de centrales hidroeléctricas, carreteras, y viviendas; en los procesos de planificación, tales como el plan de ordenamiento del recurso hídrico, plan de ordenamiento de microcuencas hidrográficas y planes parciales; e iniciativas de paz ambiental como las tiendas de paz.

 

De ahí la importancia de la gestión de estrategias locales para generar sostenibilidad en el territorio, mediante el cuidado y la protección del patrimonio natural que redunde en transformaciones de comportamiento, hábitos y costumbres que contribuyan a la mitigación de los conflictos ambientales y el riesgo biopsicosocial. De igual manera en,

 

(…) ilustrar una nueva mirada sobre los procesos sociales en las disputas por la naturaleza y el territorio, comprendidos como una “agencia social” que hace visible una situación ambiental conflictiva en los procesos de apropiación de los territorios y la reivindicación de los derechos ambientales de las poblaciones afectadas e interesadas. (Leff, 2010, p. 20)

 

La promoción en el relacionamiento responsable con el patrimonio natural y la gobernanza

 

La normatividad colombiana, incluye el tema de gobernanza ambiental, la cual facilita la formación de consensos, potencia la participación ciudadana y la democratización mediante el fortalecimiento de los movimientos sociales, estimula la educación y la conciencia ciudadana ambiental, fomenta el acceso a la información, facilita la adaptabilidad del esquema institucional, y contrarresta las lógicas particulares, entre otras virtudes (Barriga Milka et al. citados en Flórez et al., 2010, p.10).

 

Bajo esta perspectiva se hace necesario incluir la intervención del trabajo social en el tema de gobernanza para fomentar la corresponsabilidad de la sociedad civil en el cuidado, protección y conservación del ecosistema, que redunde en la reivindicación de los derechos ambientales y en la reducción de conflictos, de manera que posibiliten el fortalecimiento en la relación sociedad-naturaleza.

 

Una delimitación conceptual de gobernanza la realiza Brower (2016), quien pone énfasis a “los procedimientos que posibilitan la interacción horizontal entre el ámbito público, el privado y los actores sociales, en el contexto más amplio de una institucionalidad que permita avanzar sobre grandes acuerdos sociales” (p.153), es decir, promueve el diálogo concertado y facilita la toma de decisiones que afectan un territorio determinado. Asimismo, propone un trabajo en red que promueve la democracia y la participación de la sociedad en los asuntos públicos (Montoya y Rojas, 2016) impulsado por el liderazgo de comunidades organizadas “quienes son los garantes de que la gobernanza se pueda dar, entendida como corresponsabilidad a la que están llamados asumir en los procesos de transformación territorial” (TS1).

 

De esta manera, la gobernanza ambiental se convierte en un tema preponderante para las comunidades en tanto instancia generadora de poder para el diseño de propuestas que mengüen los daños ambientales; para el ejercicio de veeduría en la toma de medidas de control para la tala de árboles indiscriminada y la práctica extractivista que conlleva a la escasez de los recursos naturales. De igual manera, la gobernanza es fundamental en el uso adecuado del agua y del suelo propuestos por los planes de ordenamiento del recurso hídrico, los planes de ordenamiento y manejo de microcuencas, y los planes de ordenamiento territorial. Finalmente, es importante mencionar que la gobernanza se constituye en una instancia de construcción conjunta, entre sociedad y Estado, de políticas y estrategias que salvaguarden el ambiente de manera efectiva y transparente. Todas estas acciones contribuyen a la promoción responsable y cuidado del patrimonio natural hacia la sostenibilidad urgente del hábitat ecológico.

 

Mejoramiento Integral de Barrios

 

Para comprender la relación del Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) como uno de los escenarios de intervención del trabajo social en correspondencia con lo ambiental, se presenta a continuación la definición que plantea el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-3604 (2009), expedido por el entonces denominado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: “estrategia para reducir la pobreza urbana, a través del conjunto de acciones físicas, sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales para la integración e inclusión de los asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad” (p. 1). Al incorporar los aspectos de pobreza urbana, inclusión, acciones sociales y ambientales, es menester la implicación del trabajo social en el desarrollo de estrategias para el logro del bienestar y la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades y familias. Bajo esta perspectiva en el MIB, como lo manifiesta una de las entrevistadas,

 

(…) es fundamental la intervención desde el método de trabajo social con comunidad, que, en el ejercicio profesional, nos permite acercarnos a la realidad e interpretarla y hacer propuestas concretas de transformación, mediante estrategias que se vuelven actividades con tareas, objetivos y metas cuantificables y alcanzables, de las cuales podemos medir el impacto más adelante. En actividades muy puntuales se utilizan técnicas del trabajo social de grupo, pero en esencia es el trabajo social con comunidad. (TS6)

 

Asimismo, el programa de Ciudad sin tugurios define el MIB como “el conjunto de acciones para el mejoramiento físico, social, económico, organizacional y ambiental de asentamientos precarios de manera cooperativa y a escala local entre ciudadanos, grupos comunitarios, sector privado y autoridades locales” (CONPES, 2009, p. 6). Como se observa, esta definición integra dos componentes que no están en el anterior y que atañe a la intervención del trabajo social: la cooperación entre los diferentes actores. Aspecto fundamental entre lo público y la comunidad, es decir, la comunidad recibe inversión económica mediante el MIB y dispone de una contraparte que se hace latente en el compromiso y tiempo que utiliza para las reuniones, las capacitaciones, la información relevante que entrega al equipo profesional. Por otro lado,

 

(…) está el tema de solidaridad entre los vecinos que se organizan en convites y prestan el servicio de bodegaje, es decir, guardan los muebles, electrodomésticos y demás entre las casas de unos y otros, mientras hacen mejoras en las viviendas, como el arreglo de un techo por ejemplo. (TS6)

 

Además, mediante el Programa Ciudad sin tugurios, el CONPES (2009), señala que el MIB

 

Es una acción urbana integral, abarca entre otras acciones la instalación o mejoramiento de infraestructura básica, conexión a redes de agua, provisión de servicios de saneamiento básico, rehabilitación de áreas para la circulación y espacios públicos, construcción de drenajes, reducción y prevención de riesgos, provisión de servicios de electricidad, regularización y formalización de la tenencia a través de procesos de legalización urbanística y de titulación predial. (p. 9)

 

Bajo este contexto se afirma que el MIB está relacionado con “la calidad del hábitat colectivo y la intervención del trabajo social debe estar dirigida al cumplimiento corresponsable de la sociedad y el Estado de los derechos habitacionales de la población en un territorio” (TS6). Ahora bien, el MIB como escenario de intervención del trabajo social en el tema ambiental entreteje dos especificidades importantes: La primera es la integral, porque como lo expone una de las trabajadoras sociales:

 

(…) aborda todas las dimensiones de un territorio y en esa medida deben participar múltiples disciplinas, como la ambiental que está íntimamente relacionada con todas las demás e incluye la estructura ecológica, la red hídrica, las fuentes de agua, las coberturas vegetales, la calidad del aire y la gestión del riesgo, elemento determinante en la calidad del hábitat urbano. (TS6)

 

Análogamente el CONPES (2009) establece respecto a la recuperación, protección ambiental y manejo de áreas no susceptibles a ser urbanizadas, que los suelos de riesgo no mitigable deben ser sometidos a la clasificación de suelos de acuerdo con la ley, para delimitar los de protección, los cuales deben ser manejados por la autoridad ambiental competente. La segunda especificidad consiste en la relación indisoluble entre lo ambiental y lo social en este contexto de planificación territorial como lo expone la entrevistada las comunidades:

 

(…) no sólo alteran lo ambiental con sus hábitos, sino que también pueden transformar el territorio para que sea ambientalmente sostenible; por eso la insistencia de que el trabajo social aporte en el diseño de estrategias de fortalecimiento comunitario y educación ambiental. (TS6)

 

De manera similar, el CONPES (2009) establece que “las acciones del MIB, deben estar acompañadas de programas que garanticen la apropiación del proyecto por parte de la comunidad a través de actividades de capacitación y educación ambiental” (p. 46).

 

Implementación de procesos de economía solidaria y mercados campesinos

 

Las comunidades campesinas han estado por décadas afectadas por la violencia y subsumidas en el abandono estatal, no obstante, muchas de ellas han creado procesos de resiliencia y de organización que les han permitido a muchas familias seguir en los territorios, y a otras que se habían desplazado a la ciudad a retornar a sus tierras con la esperanza de reconstruir la vida. Uno de los propósitos de las familias es poder activar la economía de subsistencia a través de la producción y comercialización de productos agrícolas y pecuarios, sin embargo, se saben los altos costos que genera la comercialización de los productos del campo, por el mal estado de las carreteras y el precio elevado del transporte. De estas necesidades son conscientes diferentes entidades públicas y privadas como el SENA, la Corporación Interactuar, Cornare, Prodepaz, entre otras entidades, que conocen la importancia de generar circuitos para el comercio de los productos en los que se utilicen al mínimo los intermediarios.

 

Como lo plantea una trabajadora social, es fundamental acompañar a las comunidades para que organicen sus procesos productivos y de comercialización empezando por una buena gestión de sus recursos, el trabajo solidario entre vecinos y regiones, la implementación de las huertas caseras, la transformación de los productos. Así, las tiendas comunitarias en cada vereda tienen un papel central en el acopio de productos, a la vez, se hace necesario potenciar redes de trueque y mercados campesinos para el intercambio de los mismos. La trabajadora social manifiesta que este proceso,

 

(…) necesita de la voluntad económica y política de diferentes sectores, puesto que son regiones que requieren de un acompañamiento integral que les permita activar su vocación productiva, organizativa, formativa y técnica, con miras a la generación y sostenimiento de cadenas productivas económicas solidarias, en las que es importante la recuperación de semillas, prácticas, saberes y experiencias de las familias en torno al campo. (TS7)

 

En este sentido, el trabajo social tiene un papel importante en promover prácticas para la generación de modelos de producción económica socialmente más equitativas, como el trueque y las tiendas de paz, que son una alternativa para la comercialización de los productos que se siembran en las huertas de hogares campesinos. Esto genera acciones solidarias y de fortalecimiento del vínculo social entre productores, comerciantes y consumidores, toda vez que se da la reconstrucción social de comunidades golpeadas por la violencia; además se promueven procesos de paz y se incentiva el consumo responsable, que redunde en sostenibilidad ambiental y en la conservación de productos y semillas locales.

 

El control y seguimiento en licencias ambientales

 

Las licencias ambientales se establecen para responder a la necesidad de prevenir, mitigar, corregir, compensar, manejar y controlar los impactos al ambiente, generados por la actividad humana, en aras de establecer la forma en que puedan ser gestionados de manera responsable con la protección del ambiente (Rodríguez, 2011, p. 2). Para dichos otorgamientos participa el profesional en trabajo social en la elaboración de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se van adelantar en un territorio determinado; o desde la autoridad ambiental con el control y seguimiento para que las licencias ambientales cumplan con todos los requerimientos establecidos por la ley. Sin embargo, frente a estas evaluaciones de impacto y licencias ambientales, se encuentra un tema álgido que tiene que ver con la participación de la comunidad, que en muchos proyectos no es tenida en cuenta, es mínima y “se limita solo a dar información mediante una reunión de socialización de un proyecto” (Rodríguez y Muñoz citados en Rodríguez, 2011, p.13).

 

Al respecto, una trabajadora social entrevistada lo confirma, “la norma exige que los proyectos tengan una socialización, esa socialización es muy amplia y ambigua porque muchas empresas entienden una socialización como una reunión e informar a la gente acerca del proyecto por medio de diapositivas” (TS9). Desde esta perspectiva, Rodríguez (2011) señala que,

 

(…) la participación ciudadana que se da a través de las audiencias públicas ambientales, las consultas previas y la intervención en los procesos administrativos ambientales, exige tener presente que los proyectos pueden generar diferentes expectativas e intereses y que sobre ellos se pueden presentar propuestas, opiniones y objeciones que deben ser tomadas en cuenta para la toma de la decisión final. (p.12)

 

 En este sentido la profesional lo ratifica,

 

(…) la comunidad evalúa también el impacto ambiental, se entera de lo que va a ocurrir antes, durante y después de la ejecución del proyecto; de igual manera, arroja información, da su opinión y algunas orientaciones en cuanto los impactos ambientales. Así la evaluación de impacto va en doble vía y es acertada de acuerdo a un contexto determinado. (TS9)

 

Es así que, “cuando los mecanismos de participación son ejecutados conforme a la normativa aplicable, los niveles de conflictividad tienden a desaparecer constituyéndose entonces la participación en un elemento de paz para nuestro país” (Rodríguez, 2011, p.12). Sin embargo, aunque la legislación ambiental colombiana exige la garantía del derecho a la participación de la comunidad en los proyectos, la Contraloría General de la Nación evidencia lo contrario cuando evidencia “debilidad por parte de las autoridades ambientales en la generación de canales y estrategias de interacción proactiva con las comunidades y los diferentes actores sociales, limitándose a generar una información general sin la debida y oportuna socialización y divulgación” (Rodríguez, 2011, p.13). Desde este contexto el trabajo social está llamado a asumir un compromiso ético-político con las comunidades y el ambiente, en la perspectiva de comprender la sostenibilidad desde una postura humanista como lo plantea Amartya Sen, quien señala:

 

Es cierto que las personas tienen necesidades, pero también tienen valores y, en especial, atesoran su habilidad para razonar, apreciar, elegir, participar y actuar. Ver a la gente tan sólo desde el punto de vista de sus necesidades puede ofrecernos una visión más bien pobre de la humanidad. Es necesario incluir la intervención humana constructiva a través de una participación positiva en el proceso de desarrollo y de detención de la destrucción ambiental, y en este sentido se valora la capacidad de poder que debe tener la ciudadanía para preservar y enriquecer el medio ambiente. (Sen citado en Villanueva et al., 2018, p. 222)

 

Aun así, el trabajo social se encuentra en una disyuntiva entre generar nuevas propuestas de acción en donde prevalezcan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en una comunidad, y actuar en la lógica instrumentalista que obliga el paradigma de desarrollo sustentable y economicista en donde la naturaleza es un recurso que, si bien hay que proteger y cuidar, los beneficios económicos de las multinacionales imperan sobre el bien común de un territorio y sobre los mismos derechos ambientales. Esto se evidencia en lo que afirma una trabajadora social respecto a un proyecto, “en donde se tuvieron que talar árboles con el permiso de aprovechamiento forestal, pero esa misma cantidad talada fue reforestada y recuperada, obviamente no en las condiciones iniciales” (TS9).

 

Otro caso que devela la racionalidad operativa del trabajo social es el de los procesos sociales o de relacionamiento comunitario que se llevan a cabo en las actividades de extractivismo en un proyecto minero X ubicado en un municipio del oriente antioqueño. Así lo manifiesta la trabajadora social entrevistada,

 

(…) debía monitorear la relocalización de la comunidad porque vive en el lugar de explotación de material. La idea es que el nuevo espacio en donde se sitúen cumpla con unas condiciones parecidas a las del sitio de origen y se conserve la estabilidad económica, social, familiar y cultural. (TS9)

 

Sin embargo, estudios informan que en los países en donde se da la práctica extractivista como Colombia, enfrentan bajos niveles de desarrollo humano e indicadores sociales manifestados en alta incidencia de la pobreza y limitaciones en el acceso a la alimentación (Gudynas, 2009, p. 192). A lo anterior se añade los fuertes impactos sociales y ambientales que generan dichas prácticas, desde el aumento de la desigualdad hasta la pérdida de la biodiversidad (Gudynas, 2009, p. 204). En este sentido afirma Rodríguez (2016),

 

La actividad del ser humano ha suscitado significativas alteraciones al medio por múltiples factores, entre los que se destacan el aumento en las obras de infraestructura, en las actividades productivas y en los grados de consumo que prevalecen y promueven mayor producción y generación de residuos. Con ese modelo de desarrollo, aumentan la contaminación (atmosférica, de suelos, hídrica) y los vertimientos que van especialmente a los ríos, cambia el uso de los suelos, disminuyen especies y se presenta desequilibrio ambiental, con los residuos que surgen de dichas actividades. En este sentido, se ocasionan impactos sociales y se producen conflictos ambientales. (p. 36)

 

Aquí hay un desafío importante para el trabajo social y la autoridad ambiental como lo plantea una de las expertas, en tanto que “no es suficiente la compensación con los planes de inversión representado en el 1% del valor total del proyecto, a partir de la construcción de parques infantiles, acueductos, alcantarillados suministro de agua potable” (TS9). En esta misma línea Rodríguez (2011) agrega que,

 

(…) para el otorgamiento de licencias ambientales se deben evaluar no solo los impactos que los proyectos generan en el me- dio (biótico, físico y social y económico), sino que la evaluación debe valorar cuantitativa y cualitativamente las afectaciones en otros ámbitos con el fin de establecer medidas preventivas o de protección en el ámbito social cultural. La evaluación debe ser integral y rigurosa, cubriendo todos los tópicos con relación a los proyectos. Es necesario entonces, establecer una metodología de valoración de impactos sociales y culturales además de la forma de compensación cuando ellos no puedan prevenirse o mitigarse. (p.13)

 

También es importante definir estrategias de desarrollo alternativo que generen un impacto social en los desafíos que se sustentan desde la justicia medioambiental y el bien común; lo cual implica un trabajo conjunto y de voluntad política de la academia, la sociedad civil, el gobierno, la empresa nacional y extranjera, para reconfigurar prácticas culturales en consonancia con el cuidado, respeto y preservación de la naturaleza. Por lo tanto, se espera que “el trabajo social trascienda su dimensión instrumental y avance hacia una dimensión comprensiva basada en la reflexión” (Castañeda, 2014, p. 69), también de evaluación de impacto en los diferentes escenarios de intervención que demanda el contexto contemporáneo que es complejo y así mismo interpelado por las nuevas dinámicas sociales. En consecuencia, el trabajo social tiene una importante labor de mediación, así como lo plantea uno de los entrevistados:

 

(…) es darle ese carácter formal a la relación con la naturaleza apoyados en unas normas y en unas disposiciones estatales. Nosotros somos los mediadores para eso, obviamente vamos para un norte concreto con respecto a las políticas ambientales dadas en el Estado. (TS1)

 

Este testimonio refleja que el papel del trabajador y la trabajadora social en lo ambiental es interpelado por la normatividad, las decisiones gubernamentales y por las dinámicas y expectativas comunitarias en su relación con el entorno natural.

 


 

Conclusiones

 

Por tradición, el trabajo social ha realizado su intervención en espacios de asistencia en donde el método individual, familiar, grupal y comunitario han sido la bandera metodológica que han guiado las acciones para contribuir al bienestar y calidad de vida de las poblaciones. Sin embargo, los problemas contemporáneos plantean nuevos desafíos que posibiliten la generación de transformaciones en lo microsocial. Dentro de esos nuevos problemas sociales se encuentran los generados por los conflictos y daños ambientales, lo cual ha impulsado a Colombia y diferentes organismos internacionales a crear normativas y pactos en aras de cuidar y conservar el medio ambiente desde una lógica sostenible y sustentable. Términos que desde la ecología política y social sostienen posturas críticas en tanto el desarrollo sustentable refuerza las prácticas extractivistas, no genera mitigación de los daños ambientales, al contrario, con el lema del progreso, permite el crecimiento de la desigualdad social.

 

Bajo este escenario, el trabajo social tiene como desafío trascender la intervención funcionalista, a prácticas reflexivas y críticas que promuevan en la comunidad fuerzas de poder y control mediante la utilización de mecanismos y creación de alternativas que permitan en los territorios la justicia ambiental. De igual manera, los y las profesionales en trabajo social tiene un papel central en la gestión de la participación comunitaria porque son quienes convocan pero también vinculan y generan lazos de solidaridad y cohesión en la conformación de los grupos que son la base en la planeación territorial y los diferentes escenarios de la planeación ambiental; y así garantizar que programas del Mejoramiento Integral de Barrios o los diferentes proyectos de los planes de ordenamiento del recurso hídrico, entre otros, tengan viabilidad y sostenibilidad territorial.

 

Por eso, es esencial que las y los profesionales en trabajo social sean de los primeros actores que entren al territorio en donde se vaya a ejecutar un proyecto ambiental, porque son quienes deben realizar un estudio sistemático y articulado a la lectura de territorio para comprender las dinámicas sociales e identificar los diferentes actores sociales y sus motivaciones, para desde allí conciliar y diseñar estrategias de convocatoria y participación contextualizadas en lo cultural y social. En este sentido el trabajador o trabajadora social es arista humana y articula el diálogo de saberes entre la comunidad y el equipo profesional multidisciplinario que ejecuta un proyecto de carácter ambiental. Asimismo, es voz y media para que las actividades que están en el marco de un proyecto no estén en contra vía de las comunidades respecto a sus creencias, hábitos, modos de concebir la naturaleza; y, en consecuencia, no sean vulneradas, si no más bien incluidas y reconocidas por su saber y participación.

 

De otro lado, el trabajo social fundamentado en la praxis de la ecología social y la ecología política está en la capacidad de llevar a cabo en los diferentes escenarios de intervención en el área ambiental, acciones que concilien la dicotomía entre sociedad- naturaleza, cultura-naturaleza que se sostiene en el tiempo por la mirada antropocéntrica en la relación con la fauna, la flora, los bosques, el agua, las aves, la tierra y la vegetación. Dichas acciones son un desafío para el trabajo social en tanto pueden entrar en pugna con intereses de índole político y económico. Aun así, asume una postura dialéctica y sus estrategias se dirigen a socializar a las comunidades las prácticas que causan los daños y conflictos ambientales; y, en un trabajo mancomunado con ingenieros sanitarios o ambientales se realizan ejercicios de medición de la calidad del aire y del agua para diagnosticar en prospectiva su situación a corto, mediano y largo plazo.

 

Todo lo anterior para argumentar que aunque el trabajo social realiza una función importante en la educación ambiental y algunos lo asocian con un profesional que incide en el desarrollo sustentable; su intervención en el escenario ambiental trasciende dichos calificativos, a una práctica reflexiva, crítica y en constante movimiento, con aportes importantes en los temas de planeación, gobernanza, economía solidaria, lectura de territorio, identificación de actores sociales estratégicos, gestión para la participación comunitaria, evaluación de impactos ambientales, control y seguimiento de las licencias ambientales, y fortalecimiento del binomio sociedad-naturaleza, cultura-naturaleza. Aún existen más prácticas y saberes, es un compromiso de la academia develarlos para que la profesión continúe en un posicionamiento importante en la interacción con otras disciplinas, y tribute a la construcción de nuevos conocimientos.

 


 

 

Agradecimientos

 

Un buen trabajo de investigación es fruto del esfuerzo, dedicación e ideas que otros desde sus conocimientos y experiencias brindan. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento especial a Gloria Beatriz Ríos Martínez y Angélica María Gómez Rendón, profesoras de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Caldas, quienes desde su conocimiento orientaron la temática y formulación en el proyecto de investigación. Asimismo, a las y los trabajadores sociales de las corporaciones ambientales de Cornare, departamento de Antioquia y Corpocaldas del departamento de Caldas, quienes desde sus experiencias buscan aportar al conocimiento disciplinar del Trabajo Social desde el área ambiental. Por último, a la Universidad Católica Luis Amigo, como financiador del proyecto de investigación

 


 

 

Referencias

 

Bautista, N. P. (2011). Proceso de la investigación cualitativa: epistemología, metodología y aplicaciones. Manual Moderno. https://bit.ly/32oAK0l

 

Brower Beltramin, J. A. (2016). En torno al sentido de gobernabilidad y gobernanza: delimitación y alcances. Daimon Revista Internacional de Filosofia, 67, 149–162. https://doi.org/10.6018/202011

 

Carballeda, A. J. M. (2002). La intervención en lo social: exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. En Paidós. Tramas Sociales (2a ed.). Paidós. https://bit.ly/3CIZi0g

 

Castañeda Meneses, P. (2014). Propuestas metodológicas para Trabajo Social en intervención social y sistematización. Cuaderno metodológico. Universidad de Valparaíso. https://bit.ly/3HMRYo8

 

Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116.

 

Colombia. Ministerio del Interior. (1998). Decreto 1320 de 1998: por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Diario Oficial No. 43340.

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, & Departamento Nacional de Planeación. (2009). Conpes 3604: lineamientos para la consolidación de la política de Mejoramiento Integral de Barrios-MIB. Autor. https://bit.ly/3nEfLyz

 

Contreras Santos, M. J. (2007). Saberes y prácticas de la planeación participativa en Bogotá: otra reflexión pendiente en el trabajo social. Trabajo Social, 9, 125–144. https://bit.ly/3kYB7VO

 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, & Universidad Pontificia Bolivariana. (2015). Plan de ordenamiento del recurso hídrico para el Río Grande y sus principales tributarios. Autores. https://bit.ly/3cG0yGY

 

Díaz Álvarez, A., & Morales Aguirre, B. (2010). Tensiones entre lo global y lo local en el conflicto ambiental: posibilidades de observación del problema socioambiental. En Medio ambiente y sociedad: conceptos, metodologías y experiencias desde las ciencias sociales y humanas (pp. 77–95). RLI editores. https://bit.ly/3oQPufV

 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales. (2021). Declaración de la IFSW sobre el proyecto de convención sobre el derecho al desarrollo. https://bit.ly/3cEa2Ta

 

Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En Centro Andino de Acción Popular & Centro Latinoamericano de Ecología Social (Eds.), Extractivismo, política y sociedad (pp. 187–225). Centro Andino de Acción Popular; Centro Latinoamericano de Ecología Social. https://bit.ly/3r07JlP

 

Hernández, A., Flores, J., & Naranjo, M. A. (2011). Gobernanza ambiental, trayectoria institucional y organizaciones sociales en Bogotá 1991-2010 (Núm. 53; Avances de Investigación). https://bit.ly/3oQHtYy

 

Herrera, J. D. (2016). Los métodos de investigación: entre la reflexividad y la construcción de lo social. Revista Pesquisa Qualitativa, 4(6), 275–288. https://bit.ly/3kZtIpd

 

Leff, E. (2009). Racionalidad ambiental la reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores. https://bit.ly/3xr5RE5

 

Leff, E. (2010). Construyendo nuevas miradas sobre lo ambiental. En Medio ambiente y sociedad: conceptos, metodologías y experiencias desde las ciencias sociales y humanas (pp. 15–20). RIL editores. https://bit.ly/3oQPufV

 

Montoya-Domínguez, E., & Rojas-Robles, R. (2016). Elementos sobre la gobernanza y la gobernanza ambiental. Gestión y Ambiente, 19(2), 302–317. https://doi.org/10.15446/ga.v19n2.58768

 

Rodríguez, G. A. (2011). Las licencias ambientales y su proceso de reglamentación en Colombia - Foro Nacional Ambiental. Foro Nacional Ambiental. https://bit.ly/3DNEmGX

 

Rodríguez, G. A. (2016). Los conflictos ambientales en Colombia y su incidencia en los territorios indígenas. Editorial Universidad del Rosario.

 

Villanueva Parra, P. A., Guerrero Sierra, H. F., & Acosta Castellanos, P. M. (2018). La gestión pública del servicio de agua desde un enfoque de desarrollo sostenible: el caso de Florencia – Caquetá. En Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia (pp. 217–251). Universidad Santo Tomás. https://bit.ly/3CHN3RJ

 


 

1 Magíster en Educación y desarrollo social de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente de la Universidad Católica Luís Amigó. Coordinadora y docente del área socio-comunitaria-ambiental del programa de Trabajo Social. Medellín, Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

2 Doctora en Antropología social de la Universidad Iberoamericana de México. Docente investigadora del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. Integrante del grupo de investigación Observatos. Medellín, Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


  

Para citar este artículo: Tobar Carreño, G. R. y Velásquez Velásquez, A. M.  (2021). Prácticas y saberes de intervención del Trabajo Social en el escenario ambiental desde la experiencia de los departamentos Antioquia y Caldas. Revista Luna Azul (On Line), 52, 22-40. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.52.2

 


 

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