Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria: una perspectiva renovada del campesinado para la construcción de paz en Colombia

Álvaro Acevedo-Osorio¹, Sergio Schneider²

Recibido: 08 noviembre 2018 Aceptado: 14 abril 2019 Actualizado: 20 diciembre 2019

Doi: 10.17151/luaz.2020.50.7

Resumen           

El creciente interés por el campesinado en la etapa del pos-acuerdo en Colombia hace necesaria la reflexión teórica sobre sus características históricas y políticas. Objetivos. Se analiza el surgimiento de la categoría Agricultura Familiar y su relación con denominaciones anteriores como Pequeños Agricultores o Economía Campesina. Materiales y métodos. Este estudio recurrió a fuentes de información secundaria relacionadas al campesinado y los distintos abordajes teóricos, así como sucesos históricos que han marcado cambios importantes a nivel nacional. Resultados. Se resalta la denominación Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) propuesta en Colombia en relación con las discusiones mundiales sobre derechos del campesinado y la reflexión nacional sobre las condiciones necesarias para la construcción de paz. Conclusiones. El artículo resalta el carácter integrador de las características propias de los agricultores campesinos, indígenas, afrocolombianos y otros, y evidencia la enorme diversidad socio-cultural, económica y ambiental que caracteriza los territorios que construyen y ocupan. Se propone el enfoque agroecológico como estrategia para el fortalecimiento de las distintas formas de ACFC.

Palabras clave: Agricultura Familiar, pos-acuerdo, campesinado, RENAF, agroecología.

Peasant, Family and Community Farming: A renewed peasantry perspective for the peace in Colombia

ABSTRACT

The growing interest about the Colombian peasantry in the post-conflict stage makes it necessary a theoretical reflection on its historical and political characteristics. Objective. The emergence of the Family Farming category in Colombia and its relationship with previous denominations is analyzed.  Materials and methods. This study took into account Latin American sources of information in general and Colombian in particular, related to the peasantry and the different theoretical approaches as well as historical events that have marked important changes at the national level. Results. The designation of Farming, Family and Community Agriculture (FFCA) is highlighted as a category for Colombia in tune with the global discussions on peasantry´s rights and the national reflection on the necessary conditions for the peace building. Conclusions. The suggested definition is integrating the characteristics of peasants, indigenous, Afro-Colombians and others, and demonstrates the enormous socio-cultural, economic and environmental diversity that characterizes the territories that they build and occupy. The agroecological approach is proposed, as a strategy in order to strengthen the different forms of FFCA.

Keywords: Family Farming, posconflict, peasantry, RENAF, agroecology.

Introducción

En los años recientes las discusiones sobre desarrollo rural en Colombia han configurado un interés político y académico creciente por el campesinado (Machado y Botello, 2013). Las razones de este renovado interés se centran en acontecimientos internacionales recientes y factores propios del contexto nacional.

A nivel internacional, la agenda 2030 de la ONU sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible reconoce la importancia estratégica de una agricultura dinámica, resiliente y sustentable para alcanzar dichos objetivos (Kanter et al., 2016); asimismo, las acciones mundiales de movilización campesina que permitieron la declaración del Año internacional de la Agricultura Familiar en 2014 por la ONU con amplio respaldo de la sociedad civil para reconocer su protagonismo innegable en aspectos como la seguridad y soberanía alimentarias, la adaptación y mitigación frente al cambio climático, la lucha contra la pobreza, la conservación de ecosistemas y culturas propias, entre otras (Toader & Roman, 2015; Graeub et al., 2016). La declaración de la ONU para el decenio de la Agricultura Familiar (Naciones Unidas. Asamblea General, 2018), abre nuevas perspectivas para que los países establezcan y fortalezcan políticas diferenciales en favor de la agricultura familiar.

En Colombia puede destacarse el Paro Nacional Agrario de 2013 que generó visibilidad de los campesinos (Montenegro, 2016), la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC_EP y el Gobierno Nacional (Oficina del Alto Comisionado, 2016) y la resolución sobre Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Resolución 464 del MADR, 2017) que busca la implementación de aspectos abordados en el acuerdo de paz para superar la marginalidad histórica en la que han vivido las comunidades rurales.

Colombia es un país predominantemente rural y de agricultura en pequeña escala. El Informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2011) estimó que el 75.5% de los municipios son rurales, cubren el 94.4% de la superficie del país y albergan el 31,6% de la población, es decir, unos 14.5 millones de habitantes. Para la Mesa Técnica de Agricultura Familiar (MADR, 2017), que elaboró los lineamientos de la resolución 464 de 2017, los agricultores campesinos, familiares y comunitarios representan el 74,1% del total de unidades productivas agropecuarias dispersas del país (sin cabeceras municipales y sin territorios étnicos) con una población total de 3.137.561 personas de acuerdo al censo agropecuario del 2014 (Departamento Administrativo Nacional Estadístico, 2014).

Tal vez la característica socio-económica que determina en mayor grado la condición marginal de la Agricultura Familiar en el país es la concentración de la tierra en pocos propietarios. En los últimos 54 años ha crecido el número de unidades menores de 5 ha, llegando al 70,5% del total en 2014 ocupando solo el 2,7% del área agropecuaria (DANE, 2014); en contraste con las unidades mayores de 500 hectáreas que llegan al 68,2% en 2014  (figuras 1 y 2).

Figura 1. Porcentaje del total de unidades productivas

Fuente: adaptada de OXFAM, 2017, a partir de datos del IGAC (2012) para 1960, 1984 y 2002 y del DANE (2016) para 2014.

Figura 2. Porcentaje del área agropecuaria ocupada

Fuente: adaptada de OXFAM, 2017, a partir de datos del IGAC (2012) para 1960, 1984 y 2002 y del DANE (2016) para 2014.

No obstante, el campesinado ha sido un sector de la economía de importante representación en el comportamiento del Producto Interno Bruto del país. Para Garay, Barberi y Cardona (2010), tomando datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (2005), la economía campesina en el 2005 ocupaba el 47% del área cultivada produciendo el 50% del total de cosechas de los cultivos transitorios; asimismo, al cultivar el 56% del área de cultivos permanentes cosechó el 48% de su producción total nacional. Forero (2010) reportaba que la economía campesina representaba el 60% de la producción agrícola nacional con el 62% del área agrícola nacional. En cuanto a empleo rural, la Meynard (2014) afirma que la agricultura en pequeña escala genera cerca del 57% del empleo rural en Colombia; mientras que para el Censo de 2014, el 66.6% del total de trabajadores permanentes pertenecen a unidades productivas menores de 5 ha.

Los documentos elaborados recientemente que destacan la situación de marginalidad de los agricultores del campesinado proponen estrategias para su fortalecimiento, estos son: el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2011), el Tercer Censo Agropecuario (DANE, 2014), el Informe de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano (DNP, 2014) y el Acuerdo de Paz (Oficina del Alto Comisionado, 2016).

A nivel académico se destacan los estudios que demuestran la viabilidad económica de la agricultura campesina (Forero et al., 2013; Leibovich, Botello, Estrada  Vásquez, 2013) y los que defienden su capacidad para aportar al crecimiento económico nacional si se re-asigna el gasto social de manera más favorable (Bejarano como se citó en Universidad Nacional de Colombia, 2011). Por otro lado, desde la sociología rural se ha analizado el contexto social y cultural en el que viven y luchan los agricultores por su sobrevivencia y autonomía (Fals-Borda , 1975), se reivindica la condición de lucha que los caracteriza frente a la marginación y el olvido del Estado (Salgado, 2004); también se ha analizado el conflicto de la propiedad de la tierra y otros problemas asociados como el destierro y despojo, relaciones entre narcotráfico, paramilitarismo y concentración de la propiedad (Fajardo, 2002a). Recientemente ha surgido en el país un foro académico de la Agricultura Familiar, con profesores e investigadores de nueve universidades que pretenden aumentar el grado de comprensión de este sector social, político y económico. Publicaciones recientes incluyen el interés por la Agricultura Familiar en el país y sus perspectivas socio-económicas (Barrientos-Fuentes y Torrico-Albino, 2014); el carácter mutifuncional y su aporte a la paz (Acevedo y Martínez, 2016); su capacidad de persistencia a pesar de las adversidades generadas por el modelo extractivista de desarrollo (Acevedo-Osorio,  Santoyo-Sánchez,  Guzmán  y Jiménez-Reinales, 2018) y un estudio realizado en la altillanura sobre la agricultura familiar y su viabilidad económica así como la dinámica ecosistémica en comunidades allí asentadas (Forero, Yunda, De Vargas, Rodríguez y León, 2015). Igualmente, se aborda la relación entre agroecología y agricultura familiar con la publicación de lineamientos que orienten una política pública para la agroecología (Vaca, Schneider y Cleves, 2014) y otra publicación con una detallada descripción de algunas experiencias agroecológicas relevantes del país con potencial para fortalecer la agricultura familiar, elaborada por más de 22 autores en una compilación realizada por Acevedo-Osorio y Jiménez (2019).

Todo lo anterior permite concluir un interés renovado y cada vez más relevante sobre la Agricultura familiar en Colombia, que hace necesaria una reflexion sobre sus características históricas, teóricas y políticas en un contexto de pos-acuerdo. El objetivo de este artículo es, por lo tanto, analizar  la trayectoria en la configuración de esta categoría, su representatividad y su potencialidad para aportar en la construcción del proyecto de país en paz de los colombianos.

En lo metodológico, los autores recurrieron a una ampia revisión de literatura a nivel latinoamericano y colombiano sobre el campesiando, su historia y los distintos abordajes teóricos. La revisión incluyó artículos científicos publicados en bases de datos bibliográficos, así como documentos de organismos multilaterales y normativa nacional sobre el tema.

El artículo está estruturado en seis partes, además de esta introdución. En la primera  parte se aborda la evolución del concepto para América Latina incluida una definición para la Agricultura Familiar; posteriormente se hace un recuento histórico sobre el campesinado en Colombia. La tercera parte corresponde al análisis de la Agricultura Familiar en la coyuntura política del pos-acuerdo. Los dos últimos apartados se dedican a la trayectoria del surgimiento de esta categoría, incluida una definción propia para el país y las alternativas para su fortalecimiento en la actual coyuntura política. Al cierre se presentan las principales conclusiones del artículo.

Discusión

Evolución del concepto Agricultura Familiar en América Latina

La Agricultura Familiar (AF) es una categoría política reciente en América Latina (Schneider y Escher, 2014) con una potencialidad destacada para Colombia dado el contexto de la implementación del acuerdo de paz. El término es todavía muy reciente, comparado con otros como “pequeño productor“ o “economía campesina“, pero viene afirmándose y ganando proyección, especialmente a partir de la importancia que tuvo con la realización del Año Internacional de la Agricultura Familiar (Salcedo, Campos y Guzmán, 2014; Schneider, 2016). La FAO (2013) viene realizando un esfuerzo importante en el sentido de desarrollar una definición operativa para la AF, definiéndola como una forma de organizar la agricultura y otras actividades agropecuarias que es administrada y operada por una familia y depende preponderantemente del trabajo familiar.

Existen diferentes maneras o posibilidades de definir la AF, siendo todas válidas y legítimas (Schneider y Escher, 2012; Paz, 2014). Según puso de relieve Wolf (1955) “debemos recordar que las definiciones son herramientas del pensamiento, y no verdades eternas” (p. 455).

Evolución de las formas de trabajo basadas en el trabajo familiar

Las unidades agropecuarias que se denominan hoy día como AF representan, al mismo tiempo, una ruptura y una continuidad con las denominaciones anteriores. Desde un punto de vista histórico esta categoría social tiene en su origen el campesinado y las comunidades indígenas desde 1940 hasta 1960 (Warman, 1988; Bengoa, 2003; Schneider y Escher, 2012). En este período, la discusión se centraba en la integración de grupos sociales específicos, como los indígenas y campesinos, en las sociedades modernas. Desde 1960 hasta 1970, las discusiones regresaron a los aspectos económicos y productivos, destacándose las cuestiones de las tecnologías y la inserción del campesinado en la modernización agrícola (Schultz, 1964; CEPAL, 1984). De otro lado, se discutía el papel del campesinado en los procesos de transformación agraria más radicales vía reforma agraria, tal como ocurrió en Chile, Bolivia y Perú (CIDA, 1966; Gómez, 1992; Kay, 2000; Acosta y Rodríguez, 2006). Los años 1980 y 1990 contribuyeron de forma importante a ensombrecer la presencia y el papel de la AF en el campo latinoamericano.

A partir de mediados de la década de los 1990, y de forma más fuerte a partir de los 2000, se retomó la cuestión sobre la AF, primero en Brasil y después en otros países. La Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR, creada en 2004, tuvo un rol importante para impulsar la definición de la agricultura familiar, que destaca su carácter diverso, sus sistemas de producción, sus modos de vida y su alto potencial y capacidad de equilibrar diferencias entre regiones y generar estabilidad política (REAF, 2006).

En este sentido, la difusión y adopción del término AF tuvo un fuerte impulso político, que llevó a algunas agencias internacionales, como FAO e IICA, a influenciar los gobiernos de algunos países para que adoptaran esta definición para sus políticas públicas y diseñaran programas de apoyo para campesinos (Sabourin & Grisa, 2018).

Economía campesina, pequeños productores y agricultores familiares

En varios países de América Latina y el Caribe, sobretodo en la región andina, un agricultor familiar tiende a ser identificado como un “campesino”. Pero es posible distinguir la agricultura familiar de la pequeña producción y del campesinado. No solo son palabras distintas, indiferentemente utilizadas en determinadas regiones o países diferentes. El uso de cada uno de estos términos tiene implicaciones tanto teóricas y políticas como en la identidad social de aquellos que así son denominados.

De forma general, la AF se caracteriza como una actividad productiva (agricultura) ejecutada por un grupo social (familia). Desde el punto de vista del tamaño y de la escala de producción, un agricultor familiar casi siempre es también un productor de pequeña escala. Pero el hecho de tener producción agro-silvo-pastoril o practicar la pesca artesanal o las condiciones precarias de su economía no resultan condiciones fundamentales ni suficientes para poder definirlo como AF, fundamentalmente porque los pequeños productores y los campesinos también tienen características similares, y por eso resulta que por este criterio productivo no se podría hacer una distinción entre ellas.

La denominación de pequeño productor se refiere a la gama de un determinado productor, frecuentemente asociada al tamaño del área de la tierra disponible (propia o no), o a la intensidad de uso de otros factores, especialmente tecnología o capital (CIRAD, 2013; Hazell, Poulton, Wiggins & Dorward, 2010). El uso del término AF, por el contrario, tiene la ventaja de ampliar el ámbito y alcance de la definición, pues supera el criterio cuantitativo del área de tierra y agrega la variable trabajo, que es el elemento decisivo para definir un agricultor familiar. Por lo tanto, un agricultor familiar es todo productor rural o campesino que utiliza fundamentalmente el trabajo de su familia para realizar las actividades en su emprendimiento y realiza la gestión como una unidad familiar, proyectándose en nuevos escenarios sociales y económicos.

En relación al término campesino o campesinado, la distinción es algo más compleja, pues los agricultores familiares de hoy no dejan de tener sus raíces campesinas.  Tiene razón Forero (2014), cuando dice que:

Si estamos hablando de una categoría económica que se refiere a un sistema de producción agropecuario en el cual parte de la mano de obra utilizada la aporta la familia y que tiene una escala tal que los procesos de producción son controlados directamente por la familia misma, la amplia gama de productores familiares presentes actualmente en nuestros campos no son esencialmente diferentes a los campesinos del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX. (p. 16)

No obstante, el campesinado presupone una comunidad rural y un modo de vida relativamente autónomo en relación a las ciudades y a los mercados. El sociólogo francés Henri Mendras, inspirado en Redfield, afirmó que la colectividad (comunidad) local y las relaciones de solidaridad y reciprocidad son centrales a la hora de caracterizar a las sociedades campesinas (Mendras, 2000). Ya el austro-americano Eric Wolf (1976) se refería a los campesinos como grupos sociales con poca diferenciación interna, reducida movilidad social y relaciones parciales con las ciudades y los mercados.

De esta manera, la distinción fundamental entre agricultores familiares y campesinado, como se ha construido en América Latina, es que los agricultores familiares están altamente integrados en la división social del trabajo y a la dinámica económica más general, vía mercados, instituciones financieras, acceso a las tecnologías, información, etc., mientras que los campesinos tienen una relación aún parcial e incompleta con la sociedad que abarca. La reproducción social de los agricultores familiares depende de la intensidad (más o menos autónoma) y de la forma (más o menos diversificada) en cómo se insertan en la economía de mercado y en la sociedad como un todo, mientras que la reproducción social de los campesinos depende de las condiciones y posibilidades de reproducción de su comunidad local. En síntesis se puede decir que la discusión en América Latina sobre estos términos ha permitido aclarar que, mientras el campesinado se caracteriza por ser un modo de vida, la AF, más allá de ese modo de vida, representa una forma social de trabajo, producción e inserción social y económica.

Definiendo la agricultura familiar en LAAM

Las discusiones en América latina sobre este tema se han desarrollado de manera central en el seno del Mercosur, de las cuales se puede concluir que la AF se refiere al ejercicio de una actividad económica (agricultura y otras actividades) por parte de un grupo social ligado por lazos de parentesco y sangre que forman una familia. Se trata de un grupo social que trabaja y produce utilizando la tierra y los demás factores de producción, de donde obtienen su propio sustento y producen mercancías para vender y/o intercambiar. Agricultores familiares son, por tanto, familias que trabajan en actividades agropecuarias.

Son cuatro los elementos centrales que definen al agricultor familiar para el Mercosur: (a) uso predominante del trabajo familiar en el proceso productivo en las actividades económicas a partir de las cuales la familia obtiene los recursos necesarios para su medio de vida; (b) la gestión de los emprendimientos y de la actividad familiar, lo que significa que no se basa fundamentalmente en contrataciones externas para las actividades; (c) los resultados de la producción, como las demás formas de ingreso de recursos son de propiedad colectiva, esto es, del grupo doméstico; (d) el acceso a los medios de producción en general se lleva a cabo por la transferencia del patrimonio familiar a través de herencia. De este modo, un emprendimiento de agricultura familiar es esencialmente un “negocio familiar”, sujeto a la cultura y a la forma de vida donde está inserta. El tamaño y la escala de estos emprendimientos varían, pero en general son pequeños, a veces hasta insuficientes.

El análisis tanto académico como político en Colombia sobre AF toma cierta distancia del Mercosur y rebate esta semejanza entre la AF y el “negocio familiar” y trata de entender esta nueva categoría de una manera más amplia justamente para ponerla a tono con las actuales discusiones internacionales sobre derechos del campesinado o los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el contexto político nacional de la construcción de paz. El resultado de dichos debates se resume en la construcción de una categoría denominada como “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria” (ACFC) (MADR, 2017) como se muestra más adelante.

Una mirada histórica a la agricultura campesina en Colombia

La larga historia de inequidad y exclusión propia del desarrollo rural en Colombia (PNUD, 2011; Machado, Salgado y Naranjo, 2013; Jiménez, 2012; Forero, 2010) tiene su génesis en los procesos de apropiación de la tierra. Entre los indígenas de la pre-conquista, la tierra comunitaria no era delimitada por fronteras de propiedad. La primera reforma agraria de hecho se da en la época de la conquista española desde 1500 encabezada por los expedicionarios de la corona española, siendo este también el inicio de los conflictos entre nativos y conquistadores (Reyes, 1995) debido a la usurpación de extensas áreas para la fundación de poblados y explotación de recursos naturales. Se reconoce que el primer modelo de desarrollo agrario en Colombia correspondió al de la “modernización conservadora” (Tobasura y Rincón, 2007) caracterizado por la consolidación del latifundio mediante la titulación de tierras baldías a los terratenientes y la modernización de la hacienda tradicional. En esta etapa se consolidó el cultivo del café como principal producto de exportación, lo que contribuyó al surgimiento de la crisis del conflicto por la tierra debido a la presión de los empresarios colonos por aumentar sus áreas de cultivo (Berry, 2002).

Algunos intentos por la democratización de la tenencia fueron adelantados por los gobiernos reformistas de 1930 y 1960 que auspiciaron legislaciones encaminadas a desconcentrar la propiedad de la tierra (Jiménez, 2012). La Ley 200 de 1936 fue la primera que se promulgó con la idea de frenar el problema de dominio y concentración de la propiedad rural y realzar la función social de la tierra (Albán, 2011) para superar las tensiones entre colonos y grandes empresarios (Berry, 2002), tensión que contribuía poco a poco al escalamiento de una violencia rural que explotó una década más tarde.

Simultáneo al proceso de consolidación del latifundio se dio la movilización de las organizaciones indígenas y campesinas en procura de políticas justas de acceso a la tierra. A comienzos del siglo XX estas luchas eran locales destacándose la región del Sumapaz en Cundinamarca y la zona Caribe (Mondragón, 2003). Los campesinos de la región andina cafetera crearon el movimiento de las Ligas Campesinas (Fals-Borda, 1975) que reivindicaban el derecho a ocupar baldíos para sembrar café y establecer trapiches. Entre los indígenas se destaca el movimiento liderado por Manuel Quintín Lame, quien en 1914 planteó el levantamiento de los indígenas para constituir un territorio propio entre Cauca, Huila y Tolima (Núñez, 2008). En el movimiento campesino se destacan Erasmo Valencia, Juan de la Cruz Varela (Londoño, 2011) y Jorge Eliécer Gaitán junto a un movimiento de izquierda que defendió el campesinado con la tesis de que el bienestar de la nación dependía del campo, proponiendo una revolución agraria anti-imperialista y la intervención del Estado para generar bienestar social (Mondragón 2003).

Durante la violencia política del período 1940-1950, el país vivió una intensa represión al campesinado y una acelerada migración de población rural haciendo que la incipiente organización campesina sea prácticamente aniquilada. Este episodio de violencia política dio origen al movimiento guerrillero de las FARC_EP impulsado por campesinos que se alzaron en armas para reivindicar las trasformaciones socioeconómicas urgentes para el campesinado (Offstein, 2003).

La ley 135 de 1961 creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) para modificar el latifundio a través de medidas técnicas de redistribución que pusieran freno al proceso de acumulación; sin embargo, este propósito de redistribución tampoco fue alcanzado con dicha ley (Balcázar, López, Orozco y Vega, 2001) ya que, después de una década de gran esfuerzo, tanto el sistema político como su aparato administrativo fueron nuevamente dominados por los latifundistas (Jiménez, 2012). Bajo la Ley 135 se creó la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF) entendida como la extensión de tierra según características agrológicas propias de cada región y manejada por la fuerza de trabajo de una misma familia, que permitiera un ingreso superior o igual a 3 salarios mínimos (Gutiérrez, Lizcano y Asprilla, 2014). El concepto se generó con fines de focalización del naciente programa de reforma agraria.

En la década de 1970, el Gobierno creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) para la interlocución formal con el Estado (Machado y Suárez, 1999; Archila, 2008). En 1971 surgió el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) inspirado en el pensamiento de su líder Manuel Quintín Lame (Núñez, 2008) para combatir las formas coloniales de dominación y reorientar la política agraria para los indígenas con demandas por la recuperación de las tierras (Galvis, 2014). Simultáneamente en esta década, se fortaleció la acción de las guerrillas, aparecieron grupos paramilitares y se intensificaron los cultivos de coca y marihuana, principalmente en las regiones de selva tropical amazónica y el Pacífico. Como consecuencia de esto, se agudizó la concentración de la propiedad de la tierra y se generó el fenómeno del desplazamiento forzado de los campesinos (Palou, 2008). La exportación de marihuana prevaleció entre los años 1970 y comienzos de 1980, mientras que la cocaína lo hizo desde las década de 1980 hasta la actualidad, siendo el soporte financiero de grupos al margen de la ley y penetrando diversas esferas del poder político (Jiménez, 2012).

La Ley 4 de 1973 pretendió concretar la idea de redistribución de tierras propuesta en la reforma de 1961, mediante la adjudicación de tierras y la penalización de su improductividad (Machado y Suárez, 1999). Se creó el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) con el objetivo de restablecer la convivencia pacífica, promover la participación ciudadana y desactivar el accionar de los grupos al margen de la ley (Fajardo, 2002b). No obstante, la reacción de los empresarios rurales no se hizo esperar y mediante el llamado “Pacto de Chicoral”, en 1973 los partidos de élite, los ganaderos y empresarios agrícolas, iniciaron acciones de contrarreforma agraria mediante acuerdos para incentivar la agricultura empresarial, la ganadería extensiva y fomentar la colonización. Comenzó así una larga tradición de subsidio a los gremios para la transformación del latifundio en empresa para la producción (Arévalo, 2011), concentrada en los valles interandinos (ganadería, caña de azúcar, cereales), región caribe (ganadería, cereales) y la región andina (café).

A finales de la década de 1980, el programa DRI llevó a la agricultura campesina a dominar la producción agraria nacional con un 88% del área, un 97% de la producción y 92.2% de su valor (Bejarano, 1988). Desde este programa, la idea de transformar al pequeño agricultor en empresario ha sido el eje central de las políticas rurales sobre campesinado (Jiménez, 2012; Tobasura, 2011).

En 1991 se gestó la carta constitucional que reemplazó la obsoleta constitución de 1886 (Noguera-Fernández y Criado de Diego, 2011). En esta se amplió el articulado de derechos sociales, económicos y culturales, y se reconocieron los derechos colectivos a las comunidades étnicas. A partir de esta nueva carta constitucional se crearon las figuras de propiedad colectiva sobre la tierra en forma de resguardos para los indígenas (Salcedo, Pinzón y Duarte, 2013) y como territorios colectivos de consejos comunitarios para los afrodescendientes según la Ley 70 de 1993 (Montenegro, 2016).

Con la introducción de las políticas neoliberales en el conteniente, se promulgó la Ley Nº 160 de 1994 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y propuso cambios importantes en la manera de hacer la reforma agraria mediante el mercado de tierras (Jiménez, 2012; FAO, 1994) como forma de superar antiguas formas de acceso a la tierra que incluían arriendos, aparcerías, compañías, empeños y comodatos (FAO, 1994). Esta Ley también creó el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y los programas de asistencia técnica basados en la difusión de las tecnologías de Revolución Verde para modernizar la producción agrícola (Gutiérrez et al., 2014). Esta convulsiva década de 1990 dio origen a la agricultura de exportación, la intensiva participación del sector privado, el desmonte a las estrategias de protección sobre exportaciones y reducción de aranceles para importación de productos agropecuarios (Jiménez, 2012). Como consecuencia se reversaron los efectos positivos que el DRI había generado sobre la agricultura del campesinado; cae el PIB del sector, se reducen las áreas de siembra y se incrementan dramáticamente las importaciones de alimentos (Ocampo y Perry, 1995).

Al finalizar la década de los 90 el panorama de pobreza rural era desconsolador. Para enfrentar la grave problemática rural desencadenada con la apertura económica, se emitieron nuevas leyes agrarias en 1993 (Ley Agraria 101) y 1994 (Ley 160) enfocadas a la reactivación del sector, la competitividad, mayor equidad en las estructuras agrarias, mayor sostenibilidad y mayor eficiencia de la institucionalidad gubernamental (Jiménez, 2012). En ese período surgieron dos figuras trascendentales para el campesinado colombiano: los Consejos Municipales de Desarrollo Rural con la idea de descentralizar las decisiones de los gobiernos locales y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), como mecanismo para prevenir la concentración de la tierra en áreas de reciente colonización (Arévalo, 2011). Entre 1998 y 2003 se formalizaron 6 ZRC en un área total de 831.111 hectáreas (Silva, 2016).

La política agraria de la última generación en Colombia se ha enfocado en incentivar una mayor articulación de la agricultura al mercado internacional. Estrategias como las “cadenas agro-exportadoras” y las “Alianzas Estratégicas” o asociaciones de grandes y pequeños productores, apalancadas por comercializadoras de insumos y centros de investigación, trabajan en emprendimientos de alta competitividad internacional (Fajardo, 2006).  Simultáneamente el gobierno promovió la firma de tratados de libre comercio con varios países involucrando de manera desventajosa a la agricultura nacional.  Garay et al. (2010) afirman que los impactos de dichos acuerdos se expresan en la reducción entre 15 y el 55 % de los precios internos de productos agrícolas predominantemente campesinos, lo que ha desencadenado intensos cuestionamientos (Jiménez, 2012).

En las décadas de 1990 y 2000 se generaron procesos sin precedentes de expoliación de tierra por grupos paramilitares, estrategia táctica de guerra usada para conquistar y acaparar nuevos territorios (Balcells & Steele, 2016) superando los 4 millones de hectáreas con el desplazamiento forzado de más de 3.8 millones de campesinos. Buena parte de estos desplazamientos están vinculados al cultivo de especies para los biocombustibles (palma africana, yuca, caña de azúcar y remolacha) cuyas áreas de siembra reportan una rápida evolución desde 2010 producto de los altos subsidios que otorga el gobierno a los empresarios rurales (Castiblanco, Moreno & Etter, 2015). Solo en palma africana, en 2014 se reportaron cerca de 48.000 hectáreas sembradas lo que lleva al país a ser el primer productor en América y el cuarto a nivel mundial (Jiménez, 2012); con una proyección para el 2020 de poco más de 71.000 hectáreas (Castiblanco et al., 2015).

La agricultura familiar en la coyuntura política del pos-acuerdo

El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 (Oficina del Alto Comisionado, 2016), propone como estrategia esencial la Reforma Rural Integral (RRI) que conduzca a la “superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y cierre de la brecha entre el campo y la ciudad” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p. 23). En su visión, la reforma rural integral hace explícito el reconocimiento del papel de la “Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación” (Oficina del Alto Comisionado, 2016,  p. 11.) alineándose a los planteamientos de la Misión Rural  (DNP, 2015) y de la FAO con el año internacional de la AF.

Entre los aspectos importantes del Acuerdo está la democratización de la tenencia de la tierra, causa estructural de una guerra de más de 50 años en el país. Como alternativa frente al proceso de concentración, el Acuerdo de Paz estimula la creación de nuevas ZRC para garantizar los derechos del campesinado. Aunque la ZRC ha sido una figura políticamente controvertida (Borja, 2017), constituye sin duda una oportunidad importante para delimitar territorios para la Agricultura Familiar en el país frenando su eventual acumulación. Asimismo, el Acuerdo enuncia los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya meta es transformar el ordenamiento de los territorios en concertación con las autoridades locales y las comunidades (Borja, 2017).

Los PDET pretenden a su vez el desarrollo de la economía campesina y  familiar, mediante estrategias de economía solidaria como las cooperativas, asociaciones y microempresas basadas en las formas propias de producción de las comunidades.

Para concretar la implementación de la RRI, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promulgó la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017, que propone como objetivo planificar la gestión estratégica del Gobierno para el fortalecimiento de las capacidades de los agricultores campesinos, familiares y comunitarios mejorando su sostenibilidad y bienestar. La Resolución recoge varios de los planteamientos de la RRI en 10 lineamientos y 19 estrategias que fueron producto de amplia discusión con participación social que generó los lineamientos para la primera política diferencial para la AF en Colombia. El inicio de la era del presidente Duque coincide con el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz y de la voluntad política que rija esta nueva era política, de ello depende el futuro de los agricultores familiares.

El surgimiento de la categoría AF en Colombia

Las circunstancias que han renovado el debate político y académico y propiciado las reflexiones sobre la categoría AF, se pueden resumir en 4 momentos:

Las movilizaciones agrarias

En la historia agraria reciente del país, se destaca el Paro Nacional Agrario de 2013 con participación de diversos sectores (campesinos, cocaleros, caficultores, mineros, sector salud, estudiantes, camioneros, etc.) que tuvo repercusiones en todo el territorio nacional debido a los bloqueos de carreras y el desabastecimiento alimentario de las ciudades. El paro nacional tuvo un fuerte apoyo urbano y constituyó un acontecimiento  político importante por el cuestionamiento de las organizaciones rurales sobre las condiciones de precariedad en que viven, la concentración de la tierra, la violencia y el modelo de desarrollo económico (Arias y Preciado, 2016). En el marco del paro agrario surgió una colación de organizaciones conocida como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que desde entonces reivindica el reconocimiento político del campesinado colombiano (Montenegro, 2016).

También a comienzos de la década del 2010, el país conoció el resultado del Informe Nacional de Desarrollo Humano para el sector rural colombiano recopilado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), que no solo demostró que lo rural del país era mucho más de lo que la sociedad colombiana consideraba, sino que catalogó el modelo de desarrollo rural de entonces como inequitativo, excluyente y principal detonante de los conflictos rurales.

Año Internacional de la Agricultura Familiar y primera resolución

En segundo lugar la declaración del Año internacional de la Agricultura Familiar se dio como resultado de una fuerte movilización de organizaciones rurales de todo el mundo que tuvo el apoyo de la FAO. En Colombia la campaña fue respaldada por el Comité Nacional de  Impulso de la Agricultura Familiar (CIN_AF, 2016) que se había gestado desde 2012 por más de 130 organizaciones agrarias indígenas y campesinas, centros de investigación, universidades, ONG´s, y otras entidades articuladas en 12 comités departamentales que, desde entonces, y ahora bajo el nombre de Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) adelanta acciones de incidencia política, investigación, movilización y comunicaciones en favor de la AF. El 14 de julio de 2014 el Ministerio de Agricultura emitió la Resolución  267 que crea el primer programa de Agricultura Familiar en el país, con el propósito de combatir la pobreza en el sector rural, ampliar la clase media del campo y cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural (MADR, 2014). Sin embargo, la resolución se diseñó bajo los mismos lineamientos de programas anteriores enfocados en los agricultores de los gremios más fuertes, la empresarización y los subsidios, desconociendo por completo las características y demandas propias de los agricultores familiares que quedaron nuevamente excluidos del interés político. Esta resolución fue prácticamente desconocida por el nuevo ministerio que inició pocos meses después. También en 2014 el país conoció el informe de la Misión Rural para la Transformación del Campo (DNP, 2014) que propuso una base robusta de lineamientos para políticas públicas que llevaran a la transformación rural en los siguientes 20 años bajo el enfoque territorial participativo, la inclusión social y productiva de los agricultores y el desarrollo rural competitivo, sostenible basado en la provisión de bienes públicos. La Misión Rural propuso una “Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar” (DNP, 2014), a la que define como un modo de producción y un modo de vida y reconoce su papel fundamental en el abastecimiento alimentario nacional. El documento sostiene que su fortalecimiento contribuiría decididamente a reducir la pobreza y tener un sector rural más eficiente y sostenible.

El Acuerdo de Paz y la normativa sobre AF

Varios acontecimientos políticos y académicos recientes en el país han tenido una función relevante en el posicionamiento de la AF. Sin duda uno de los hechos de mayor trascendencia ha sido la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC (Oficina del Alto Comisionado, 2016), que propuso como meta central reducir en un 50% los niveles actuales de pobreza rural en 10 años. El documento introduce la “Economía Campesina, Familiar y Comunitaria” para referirse a las distintas formas de producción del campesinado.

De otro lado, también en 2016 se publicó el resultado del Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016) que, después de 45 años del anterior censo, develó las cifras actualizadas y alarmantes de pobreza rural y concentración de la propiedad de la tierra.

Finalmente, se destaca el reciente esfuerzo en red de diversas organizaciones, liderado por la FAO, el Ministerio de Agricultura y la RENAF para la propuesta de lineamientos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, que culminó en la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2017) que adopta dichos lineamientos.

Esta resolución tal vez represente la primera normativa diferenciada para el campesinado del país, si se tiene en cuenta que las propuestas de Desarrollo Rural de manera general incorporaron a todos los agricultores sin distinción alguna, sobre la falaz idea de que lo que era bueno para los grandes agricultores, era también bueno para los pequeños. El hecho de que la resolución fuera construida con participación de organizaciones de agricultores reunidas en RENAF le da legitimidad entre muchas organizaciones de base. En efecto, muchas de las posiciones de la RENAF fueron acogidas en los 11 lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC (Acevedo-Osorio et al., 2018), especialmente relacionados a  extensión rural como proceso de acompañamiento y generación de capacidades, dotación de bienes públicos, acceso y tenencia de la tierra, incentivos al financiamiento a partir de economía solidaria, sistemas productivos sostenibles incluyendo las semillas del agricultor, comercialización centrada en circuitos cortos o mercados de cercanía, incidencia y participación, entre otros (MADR, 2017)   

Sobre una definición de Agricultura Familiar para Colombia

A nivel académico el debate sobre el concepto de AF es aún incipiente. Se destacan estudios centrados en recomendaciones de política pública para la AF (Machado y Botello, 2013; Vaca et al., 2014), los estudios enfocados en demostrar la viabilidad económica de la agricultura familiar en la altillanura colombiana (Forero et al., 2015) y un estudio interdisciplinario enfocado en la multifuncionalidad de los sistemas propios de los Agricultores Familiares (Acevedo-Osorio y Martínez, 2016).

Estos documentos académicos defienden, en general, la idea de que más allá de un concepto técnico que obedezca a una tendencia política, es necesario generar una definición más integradora de las características propias de los agricultores familiares; en este sentido, un concepto analítico debe vislumbrar la enorme diversidad de características multidimensionales que les caracterizan. El foro académico de investigadores cercanos a RENAF propone un concepto genérico que dé cabida a construir tipologías más precisas de diversos grupos, entre ellos agricultores familiares empresariales, de subsistencia, comunidades étnicas, pescadores, neo-rurales, incluso agricultores urbanos. En tal sentido se define la Agricultura Familiar como:

Un sistema socioeconómico y cultural de producción y consumo a la vez, que se caracteriza por utilizar principalmente mano de obra familiar con una dependencia importante de los bienes y servicios que provee el entorno natural. La agricultura familiar asigna a los sistemas productivos múltiples funciones de tipo productivo, financiero, social, cultural y ambiental en diverso grado, desde formas de agricultura familiar más cercanas a los mercados y con desarrollo preponderante de funciones financieras, hasta formas de agricultura familiar diversificada, con predominio de funciones socioculturales y ambientales. La agricultura familiar produce alimentos y materiales a una escala pequeña o mediana altamente diversificada; se basa en buena medida en los conocimientos tradicionales; se apoya en extensas y fuertes redes familiares y comunitarias articuladas a la dinámica de desarrollo de su localidad y, a través de estrategias socioculturales y sociopolíticas, lucha permanentemente por su bienestar y su permanencia en el mundo rural. (Acevedo y Martínez, 2016, p. 253)

En esa línea la Resolución 464 de 2017 propone el término ACFC que, a diferencia del concepto acuñado en América Latina, integra dentro de la misma categoría la visión del campesinado y el agricultor familiar, y que define como

Sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que conviven en los territorios rurales el país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas que suelen complementarse con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y coevolucionan combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas y culturales. (MARD, 2017, p. 3)

Las definiciones tanto académicas como políticas acá incluidas dejan ver un distanciamiento importante de los conceptos que desde MERCOSUR se han establecido para otros países de Suramérica, ya que se destaca un enfoque más integral o multidimensional en que se desenvuelve la ACFC, lo que a nivel de políticas abre la posibilidad a un abordaje distinto de los temas del campesinado más allá de las preocupaciones por la mera empresarización de los agricultores.

Alternativas para fortalecer la AF en el pos-acuerdo

Aunque la AF colombiana haya sido históricamente marginada, no está en riesgo de desaparecer ya que los agricultores campesinos, familiares y comunitarios, recurriendo a diversas estrategias productivas, culturales, ambientales, sociales y políticas, garantizan su sobrevivencia y continuidad en los territorios (Niño, 2016; Acevedo-Osorio, 2016).  Sobre esta circunstancia es posible y necesario construir propuestas que los potencie hacia nuevos escenarios. El desarrollo rural sustentado en la idea del agronegocio no solo no mejorará la situación de inequidad social, sino que tendrá fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad, los recursos naturales y la seguridad alimentaria (Boron, Payán, MacMillan & Tzanopoulos, 2016). Enfoques como el territorial (Schejtman & Berdegué, 2003; Schneider, 2009), sistemas sostenibles de producción y alimentación (Dentoni, Waddell & Waddock, 2017) y soberanía alimentaria (Patel, 2009), constituyen enfoques importantes para pensar de otra manera el desarrollo rural en el pos-acuerdo, permitiendo una mayor vinculación de los consumidores con una posición incidente en aspectos que les concierne.

La racionalidad ecológica y económica propia de las agriculturas tradicionales (Acevedo-Osorio et al., 2018; Ploeg, 2008), facilitaría de manera importante la transición hacia modelos más sustentables de producción (Dentoni et al., 2017). Esta idea encuentra afinidad en los planteamientos de la agroecología que se posiciona como una propuesta de aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales , socialmente más justa y económicamente más aceptable (Altieri, 2010). Para sus defensores, la forma de producción realizada por los agricultores tradicionales en todo el mundo, es la que más se acerca a los principios de la agroecología (Schneider y Escher, 2014). La Agroecología como ciencia, enfoque técnico metodológico y movimiento social (Wezel et al., 2009), puede potenciar las funciones sociales, ambientales y productivas que históricamente ha cumplido (Acevedo-Osorio, 2016).

En Colombia la conceptualización y práctica de la producción agroecológica han sido promovidas desde la década de 1980 principalmente por organizaciones no gubernamentales, asociaciones de agricultores, ambientalistas e instituciones académicas, con una marginal participación de las instituciones públicas (León-Sicard, Sánchez de Prager y Acevedo-Osorio, 2017).  Un estudio adelantado en Colombia para analizar experiencias de agricultura familiar de base agroecológica (Vaca et al., 2014) concluyó que sus principales aportes son la promoción de la seguridad y soberanía alimentarias, contribución al uso eficiente del suelo, conservación de la biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos.

Diversas evidencias y experiencias en Colombia permitirían afianzar la ACFC como categoría política en este momento histórico: a nivel práctico, la identificación de un nicho socio-técnico de agricultura familiar sustentable (Ortiz, Vilsmarier y Acevedo-Osorio, 2018) que se ha consolidado a nivel local.  A nivel político tanto el acuerdo de paz como la Resolución 464, que proponen la necesidad de trabajar en los enfoques de producción sostenible, agroecología, economía solidaria y fortalecimiento de organizaciones de productores. A nivel académico,  se avanza en la estructuración de programas de pregrado y posgrado en agroecología que apoyan la conformación de un grupo de científicos  para impulsar la investigación a partir de articulaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias. Finalmente a nivel social, existe un interés creciente de los consumidores que se acerca a mercados locales para acceder a alimentos sanos que atiendan los problemas de desnutrición y malnutrición. Adicionalmente aumenta el interés de grupos de jóvenes urbanos que buscan nuevos caminos y otros mecanismos de abastecimiento, son entusiastas de la agroecología y buscan nuevas relaciones con lo rural.

Conclusiones

La historia política del campesinado en Colombia ha mostrado escasos resultados para transformar su difícil realidad. Sin embargo, la coyuntura política de implementación del Acuerdo de Paz constituye un contexto político único que debe ser aprovechado para visibilizar, reconocer y fortalecer distintas formas de agricultura tradicional.

La Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria se construye en el pos-acuerdo de paz como una categoría política emergente para mejorar las condiciones de bienestar y superar la marginalidad histórica  en que ha vivido el campesinado, pero al mismo tiempo como la oportunidad para atender  preocupaciones estructurales de la sociedad colombiana como la búsqueda de la paz, la soberanía alimentaria, la nutrición adecuada, la protección ambiental, la lucha contra la pobreza, la adaptación al cambio climático y superación de la inequidad social.

Más que un concepto técnico, esta categoría emergente requiere una definición analítica e integradora de las características propias de los agricultores campesinos, familiares y comunitarios que evidencie la enorme diversidad socio-cultural, socio-económica y socio-ambiental que les caracteriza. Para el caso colombiano, las definiciones tanto política como académicas tienden a reconocer la mutidimensionalidad de sus formas de vida y la multifuncionalidad de la agricultura que practican y los territorios que ocupan, dando un carácter más sociológico que economicista, lo que propicia el desarrollo de políticas públicas más adecuadas a sus necesidades y aspiraciones.

La Agroecología constituye un enfoque oportuno para convertir a los agricultores familiares en artífices de su transformación hacia una agricultura más sustentable que potencie su multifuncionalidad y proteja el legado social, cultural, ambiental y productivo propio de la agricultura nacional.

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¹ Doctor en Agroecología. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Bogotá – Colombia. ORCID: 0000-0003-2132-4891.

² Doctor en Sociología. Universidade Federal Do Rio Grande do Sul. Departamento de Desarrollo Rural y Estudios Alimentarios. Porto Alegre – Brasil. ORCID: 0000-0002-4353-6732.

Para citar este artículo: Acevedo-Osorio, A. y Schneider, S. (2020). Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria: una perspectiva renovada del campesinado para la construcción de paz en Colombia. Revista Luna Azul, 50, 132-155. Doi: 10.17151/luaz.2020.50.7

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