Política, medio ambiente y democracia, un debate que apenas comienza.
Adrián Zarrilli
Recibido el 10 de agosto de 2014, aprobado el 22 de enero de 2015 y actualizado el 21 abril de 2015
DOI: 10.17151/luaz.2015.41.1
Tomando el camino del lugar común, en una imagen ya reconocida y aun de moda, la idea de lo “verde” asociado a las cuestiones ambientales es por demás obvia. En ese sentido y usando esa metáfora, cabría preguntarse ¿cuán verde es la política en América Latina? O traducido a una pregunta un poco más específica, ¿Cuál es el espacio que la sociedad política Latinoamericana le da a las cuestiones ambientales?
A priori, y en los últimos años, parecería que el lugar de la política ambiental en la agenda continental ha crecido de manera sostenida, de la mano de conflictos ambientales, donde la clase política (en los diferentes estadios, de lo local a lo nacional) se ha visto enfrentada a diferentes problemas, diversos y complejos y ante los cuales, en términos generales no ha sabido responder con alternativas idóneas. Mas bien, su reacción han sido respuestas con una alta dosis de improvisación, frente a problemas nuevos y en otros casos, con fuertes intereses cruzados que pusieron a muchos dirigentes más cerca de los intereses económicos sectoriales que de los reclamos sociales, muchas veces masivos.
Aun con ese límite la cuestión ambiental ha tomado una importancia creciente, ya que por un lado ocupa un lugar de preeminencia en la agenda internacional, junto con la crisis económica y la cuestión de la seguridad. Más aún, al estar los problemas ambientales fuertemente relacionados a toda actividad humana, la problemática ambiental se transforma progresivamente en un elemento indispensable a la hora de pensar políticamente, y se posiciona en gran parte de los debates públicos. Así conceptos como “sustentabilidad” o “sostenibilidad” se ha convertido cada vez más en una idea que pone condiciones a planes y políticas en todas las áreas de la vida social.
En América Latina, sin embargo, la problemática ambiental (que tiene una larga aunque desigual tradición y viene ocupando un espacio cada vez mayor en la vida política) no posee aún un tratamiento en el debate político que sea imagen de su importancia. Más bien, el problema se enfoca a partir de una serie de grandes temas, pero sin que se verifique el modo en que todos estos puntos están conectados entre sí, y que relación guardan con la agenda política económica y social general. La mirada que en general se encuentra en la perspectiva ambiental de los diferentes partidos políticos, es que hay un consenso casi total para abordar los problemas ambientales en torno del llamado “command and control”. Esta mirada, puede ser leída como unproceso relacionado a la redefinición del rol que sobre el Estado, y en ese contexto y frente a los “conflictos ambientales” se propone en general intensificar la intervención del Estado y sus diferentes agentes, mas que la idea de impulsar instancias de diálogo y negociación entre los diversos sectores involucrados.
También parecería destacarse una mirada que podríamos llamar “superficial, donde por efecto del posicionamiento mediático de los temas ambientales y de los conflictos desatados a partir de ellos, los grupos políticos han comenzado a darle espacio creciente a las cuestiones ecológicas, pero como fruto de esa mediatización evidente, de la puesta en agenda por parte de los medios, mas que por un convencimiento ideológico acerca de la necesidad de entender las relaciones sociales y materiales con una necesaria interrelación con el ambiente. Las plataformas políticas, el discurso y las mismas políticas estatales son una sumatoria de ideas, de buenas intenciones en algunos casos, con ejes remarcados en detrimento de otros, solo por un problema de visibilidad social. Ese conjunto de“propuestas” no responde una vertebración consistente, por el contrario navega aguas de confusión y a veces de superficialidad. Sin planificación, sin debate serio y consistente, los ejes de la política ambiental, las ideas de los partidos políticos, sus discursos, no serán más que una “puesta en escena” para calmar las aspiraciones de transformación de los actores sociales involucrados en estos temas. Las políticas ambientales, las propuestas y los debates parecen mecerse al viento de la agenda que imponen los medios y algunos grupos confuerte interés económico, en la resolución “tibia” de estas cuestiones.
La democracia y los problemas socioambientales
La crisis socioambiental que vive la sociedad actual, la que ya casi nadie se atreve a desmentir, tiende a verse unida con una crisis de representación en el sistema democrático-liberal.¿Cuál podría ser el camino para encaminarnos como “sociedad sostenible”? En principio, uno de los caminos indicados es el de transformar la democracia formal, en una democracia que sirva como vehículo para la sostenibilidad, donde el interés común generalizado (interés que se basa en la continuidad integral de los ecosistemas de los que depende la vida humana) podrá permitir al sistema político democrático-deliberativo generar decisiones para favorecer tal interés. De esta manera culminaría la distinción entre la democracia como proceso y la sostenibilidad como producto. En ese sentido, los procesos de integración y participación social son claves para la integración de los diferentes actores de la sociedad civil, tanto los institucionales, como aquellos que irrumpen producto de los diversos conflictos socioambientales.
Una sociedad con aspiraciones de sostenibilidad -de equidad ambiental- incluyendo desde ya la equidad intergeneracional, tiene que constituirse necesariamente por un tipo de participación inclusiva, sinérgica y proactiva, en la cual los grupos sociales, las comunidades afectadas, los representantes políticos y la ciudadanía en general, puedan poner en común un conjunto de ideas, así como deliberar e indagar en conjunto caminos para generación de consensos en la identificación y resolución de los problemas ambientales colectivos.
Un proceso en el que las personas son protagonistas de la resolución de problemas, aportando su propia creatividad, puntos de vista, conocimientos y recursos, y compartiendo una responsabilidad en la toma de decisiones que parece imprescindible dada la magnitud de los retos que enfrentan las sociedades contemporáneas frente a la dimensión los problemas socioambientales.
En ese camino, la participación es un parámetro básico de la sostenibilidad y un requisito indispensable para la consecución de un modelo equilibrado de desarrollo, dado que aporta instrumentos que sería imposible obtener de otra manera. A nadie que piense estos problemas de forma razonable, se le ocurriría hoy que los problemas y conflictos ambientales pueden ser resueltos sin la participación de la sociedad civil, que solo el estado o los actores corporativos pueden dar las soluciones o hallar los caminos adecuados ante la crisis ambiental. Si así se piensa, el resultado esta a la vista: el incremento sostenido de los conflictos. Los procesos participativos son estrategia adecuada para la resolución de conflictos (socioambientales y de otro tipo), otorgan mayor legitimidad a las decisiones públicas, al crear un sentido de corresponsabilidad entre la ciudadanía y los agentes económicos y sociales, y generan concordancias de diálogo y acuerdo entre estos actores y los diversos poderes.
Aquí entra en juego también la noción de que la participación política no puede percibirse como un problema impuesto y que a la vez complica la gestión, sino como una condición necesaria, aunque desde ya no suficiente, para el camino hacia la sostenibilidad. La democracia y la sociedad sostenible son un camino. El vínculo de unión entre la sostenibilidad y la democracia se advierte en la comprobación de que los problemas ambientales son desde ya básicamente políticos y por lo tanto, mas allá de cuestiones técnicas o teóricas diversas, tienen causas y soluciones políticas.
Una democracia donde lo ambiental este considerado de manera plena en lo social, donde los problemas generados por los modelos de inequidad capitalista y sus consecuencias ambientales son tratados desde una perspectiva inclusiva, horizontal y participativa, es un modelo referencial para revertir la crisis social y ambiental.
Transitar la solución de los conflictos ambientales puede significar un interes ante ejercicio de pluralismo y, por tanto, una oportunidad para abordar otras vías de profundización en la democracia, para generar e incorporar mecanismos participativos y fomentar la inclusión, para crear redes democráticas, para construir una democracia más real en términos de participación ciudadana. Además, o se generan estos mecanismos de ampliación democrática o los conflictos (en especial los ambientales por los intereses que se juegan en ellos) también pueden generar un escenario opuesto; esto es, dejar a un lado la profundización en la democracia por medio de mecanismos de participación y ahondar en el carácter represivo del Estado y de los poderes corporativos.
Una política “verde” significaría entonces, más democracia, mayor participación, creciente equidad y la posibilidad de construir una sociedad que se encamine a la solución de los problemas ambientales, tal vez la cuestión más grave que afronta el género humano en este siglo. Una democracia ambiental, es entonces un camino difícil pero no imposible de integración y transformación social.
Para citar este artículo: Zarrilli, A. (2015). Política, medio ambiente y democracia, un debate que apenas comienza. Revista Luna Azul, 41, 01-04. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php?option=com_content&view=article&id=100
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